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fraude

Aparatos electrónicos, electrodomésticos, renta de departamentos e incluso venta de vehículos, son los principales ganchos que los estafadores están utilizando para defraudar a sus víctimas a través de la plataforma Marketplace en Facebook.

Los casos se han ido incrementando a tal grado, que las autoridades decidieron emitir una alerta a la población para que no caiga en este tipo de fraudes, que son cada vez más frecuentes.

Así se dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa en la capital del estado, donde la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, alertó sobre las modalidades de fraude más comunes, cometidos a quienes venden productos de alto costo en la sección de Marketplace de la plataforma digital Facebook.

Al respecto, el Fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, enfatizó la importancia de presentar una denuncia, pues permitirá iniciar las investigaciones y recabar información, para llevar ante la justicia a los delincuentes.

El agente del Ministerio Público de la referida Unidad de Investigación, Isaac Flores Fuentes, explicó que en los últimos meses se observó que este modus operandi va en aumento, por lo que compartió una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de este tipo de fraude.

¿Cómo operan los estafadores?

Uno de los fraudes que se registran con frecuencia, es cuando algunas personas ponen a la venta objetos como instrumentos musicales, consolas de videojuego y celulares de alta gama, y las contacta un supuesto comprador, quien envía la imagen de un ticket que supuestamente demuestra el depósito, se expuso.

“Luego resulta que es falso porque realmente no se puede disponer de la cantidad, porque nunca se pagó. Sin embargo, presionan a la víctima, enviando a un chofer de Uber o DiDi a recoger el artículo”, describió el agente del MP.

Flores Fuentes recomendó a la gente que realiza estas transacciones, que en cuanto le hayan hecho el supuesto pago, muevan esa cantidad a otra cuenta, para cerciorarse de que el depósito es real, y que no cedan ante presiones de ningún tipo.

También hay fraudes con renta de casas, departamentos y venta de autos

Una segunda modalidad que se ha detectado, es la de venta y renta de departamentos o casas, en las que se pide una cuota para supuestamente apartar la vivienda, pero se ha detectado que incluso las imágenes que se muestran son falsas, se explicó.

En un tercer caso recurrente, se detectó que algo similar ocurre con la venta de vehículos, en donde se ofrece un vehículo a muy buen precio y a las personas que dicen estar interesadas, el vendedor les solicita un abono para traer la unidad que supuestamente está en otra ciudad, refiere la Fiscalía.

“Las víctimas nos han descrito que, en el transcurso de los días, los defraudadores les dan excusas como que se ponchó una llanta y necesitan pagar la compostura, y para eso les piden dinero, a lo que la víctima accede, pero el vehículo nunca llega”, describió Flores.

En estos dos casos, los defraudadores también llegan a solicitar que se envíe una fotografía de la credencial de elector de la víctima, con el pretexto de hacer el contrato, pero el agente Flores recomendó jamás compartir a través de redes sociales, imágenes de documentos oficiales de identificación, con alguien a quien no se conoce físicamente. 

En caso de ser víctimas de estos tipos de fraude, las personas pueden acudir a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ubicadas en la intersección de la calle 25 y avenida Teófilo Borunda, en la colonia Santo Niño, para interponer la denuncia correspondiente, se indicó.

(mr)

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por medio de análisis realizados por el área de la Policía Cibernética, encontró que delincuentes están empleando perfiles falsos en aplicaciones de citas para cometer extorsiones a los usuarios.

Se específico que dichos perfiles, se aprovechan de la cercanía que pueden experimentar las personas en redes sociales como Tinder o Facebook Parejas, utilizadas para la búsqueda de parejas, para poder acceder a datos sensibles de las personas.

Una vez que obtienen información acerca del nombre de la persona, así como datos de contacto o información bancaria, proceden a cometer los actos de extorsión, que van desde fraudes y chantajes, hasta ofrecimientos engañosos.

Lo anterior, de acuerdo con la Policía Cibernética, no solo causa un perjuicio económico, sino que también afecta emocionalmente a la persona.

Ante esta situación, la SSPE pide a la ciudadanía seguir las siguientes recomendaciones al momento de interactuar por medio de las aplicaciones de citas: no compartir información personal sensible, verificar la autenticidad de los perfiles antes de interactuar, desconfiar de números telefónicos con prefijos internacionales.

También pide evitar continuar conversaciones sospechosas, no enviar dinero ni información financiera, evitar abrir enlaces de procedencia desconocida, no compartir fotografías comprometedoras y conservar evidencias de conversaciones, perfiles o mensajes.

SI la persona detecta alguna situación de peligro, se informó que está disponible el número de teléfono 614 429 33 00 extensión 10955, el WhatsApp 656 280 95 62, así como el correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx

Dos hombres de Cordele, Georgia, fueron sentenciados hoy por su participación en un fraude al Departamento de Trabajo de Georgia (GaDOL) por millones de dólares en beneficios que debieron ser destinados para ayudar a personas desempleadas durante la pandemia de Covid-19.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a través de un comunicado que Malcolm Jeffrey, de 34 años, fue condenado a 10 años de prisión y ordenado a pagar 16 millones 958 mil 372 dólares para deposición de daños. Gerard Towns, de 34 años, fue condenado a seis años de prisión y ordenado a pagar 365 mil 066 dólares en la misma circunstancia.

“Los acusados orquestaron un esquema atroz para robar 17 millones de dólares en pagos de seguro de desempleo utilizando identidades robadas”, dijo el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Criminal del Departamento de Justicia.

“Estos acusados explotaron un programa gubernamental diseñado para aliviar las dificultades económicas para llenarse sus propios bolsillos. Las condenas de hoy demuestran que la División Criminal responsabilizará a los estafadores que roban del erario público”, añadió.

“Malcolm Jeffrey, Gerard Towns y sus co-conspiradores participaron en un esquema de fraude al seguro de desempleo que tenía como objetivo al Departamento de Trabajo de Georgia”, dijo  a su vez el agente especial a cargo, Mathew Broadhurst, de la Región Sureste de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EU.

“Los conspiradores presentaron reclamaciones de UI fraudulentas utilizando las identidades robadas de víctimas de robo de identidad para obtener tarjetas de débito cargadas con beneficios de UI. Seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios en las fuerzas del orden para responsabilizar a aquellos que intenten explotar estos vitales programas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos”, declaró.

“Explotar programas de alivio pandémico destinados a ayudar a los estadounidenses en el punto álgido de la pandemia de Covid-19 para enriquecimiento personal es inconcebible”, dijo el inspector General Joseph V. Cuffari, Ph.D., de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG).

“DHS-OIG continuará priorizando las investigaciones de fraude relacionado con la pandemia y trabajando con nuestros socios en las fuerzas del orden para llevar a los perpetradores ante la justicia”, añadió.

“Las condenas de hoy enfatizan nuestra dedicación y compromiso para responsabilizar a las personas que explotan programas federales de alivio para ganancia personal”, dijo el agente especial a cargo, Jonathan Ulrich de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS-OIG).

“Como se demostró en este caso, nuestros investigadores criminales junto con nuestros socios en las fuerzas del orden trabajarán juntos y perseguirán diligentemente a cualquiera que intente explotar programas creados para ayudar a personas y empresas legítimas afectadas por la pandemia global”, afirmó.

“Con la aprobación y firma de leyes en 2022 que establecen un plazo de prescripción de 10 años para aquellos que defraudaron los programas COVID-19, quiero poner en aviso a aquellos que robaron a los contribuyentes que solo es cuestión de tiempo antes de que los agentes especiales de IRS-CI y nuestros socios en las fuerzas del orden descubran sus crímenes y los lleven ante la justicia”.

Jeffrey y Towns son los últimos de 12 acusados condenados en conexión con la Operación Cordele Partial, una de las mayores investigaciones de fraude al seguro de desempleo (UI) doméstico en la historia del DOL.

La Operación Cordele Partial descubrió múltiples esquemas masivos basados en el centro de Georgia que defraudaron al GaDOL por más de 45 millones de dólares e involucraron programas de seguro de desempleo de más de 20 estados.

Según documentos judiciales y evidencia presentada en el tribunal, desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2022, Jeffrey, Towns y sus co-conspiradores causaron que se presentaran más de 2 mil 500 reclamaciones de UI fraudulentas al GaDOL, resultando en al menos 17 millones de dólares en beneficios robados.

Para ejecutar estos esquemas, los acusados y sus co-conspiradores crearon empleadores ficticios y fabricaron listas de supuestos empleados utilizando información personalmente identificable (PII) de miles de víctimas de robo de identidad, y presentaron reclamaciones de UI fraudulentas en el sitio web del GaDOL.

Los co-conspiradores obtuvieron PII para usar en el esquema de diversas fuentes, incluyendo el pago a un empleado de una red de atención médica y hospitalaria en el área de Atlanta para obtener ilegalmente la PII de pacientes de las bases de datos del hospital, y comprando PII de otras fuentes en internet.

Usando la PII de las víctimas, los co-conspiradores hicieron que los fondos de UI robados se disbursaran a través de tarjetas de débito prepagadas enviadas por correo a varios lugares en Georgia.

En junio de 2025, Towns se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal. En agosto de 2025, Jeffrey fue declarado culpable en juicio de conspiración para cometer fraude postal.

La investigación del caso fue realizada por DOL-OIG, DHS-OIG, IRS-CI, USPS-OIG, el Servicio de Inspección Postal de EU, el Servicio Secreto de EU e Investigaciones de Seguridad Nacional.

Los fiscales del juicio Lyndie Freeman, Siji Moore y Kyle Crawford de la Sección de Fraude de la División Criminal procesaron el caso.

El exjefe del Departamento de Predial y Catastro de Ojinaga, Jesús A.Z., fue sancionado administrativamente por haberse quedado con dinero en efectivo proveniente del cobro del impuesto predial a contribuyentes del municipio.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que el exfuncionario recibió una sanción que consiste en 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, además de una multa por 33 mil pesos.

De acuerdo con la ASE, el entonces servidor público recibía pagos en efectivo de contribuyentes, pero posteriormente cancelaba las operaciones en el sistema para apropiarse del dinero en su beneficio. Esto ocurrió en 2021.

Como consecuencia, los contribuyentes aparecían en el sistema de la Presidencia Municipal de Ojinaga como deudores del predial, lo que dio pie a las investigaciones. Los auditores comprobaron que los pagos sí se habían realizado, pero nunca fueron ingresados a la Tesorería Municipal.

La ASE calificó esta práctica como fraudulenta y la detectó durante las revisiones anuales que realiza. Posteriormente presentó la denuncia administrativa ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

La falta fue catalogada como abuso de funciones, prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cabe señalar que el mismo funcionario ya había sido declarado culpable en un proceso penal por el delito de peculado agravado derivado de los mismos hechos.

Tras el desahogo del proceso legal, la Quinta Sala del TEJA resolvió la sanción de inhabilitación y la multa económica en su contra.

La ASE señaló que existen otros casos similares en dos municipios del estado, actualmente en proceso de resolución. Con esta determinación, el organismo suma 57 servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa grave al haber hecho mal uso de recursos públicos a su cargo.

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