guadalupe y calvo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participan en el Operativo Conjunto desplegado en Guadalupe y Calvo, localizaron y destruyeron cinco plantíos de marihuana.

La intervención tuvo lugar el martes 17 de octubre, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuando realizaban recorridos en la comunidad de Dolores.

En ese lugar tuvieron a la vista cinco terrenos con superficies de mil 600, 600, mil 700, 5 mil y 7 mil metros cuadrados, los cuales tenían sembradas un total de 110 mil 600 plantas de mariguana de diferentes tamaños.

Apegados a los protocolos de seguridad, previa toma de serie fotográfica y coordenadas para la documentación del hallazgo, los efectivos procedieron con la destrucción de los plantíos e incineración del enervante.

Se notificó al Ministerio Público de la Federación, a quien se le entregó evidencia gráfica y de geolocalización, para las investigaciones correspondientes.

Ante el reporte de balaceras entre civiles armados en las localidades de Dolores y Saucito de Araujo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Sedena y GN, desplegaron un operativo de seguridad.

Como resultado de la intervención se localizaron dos campamentos improvisados con hule, cobijas y alimentos, los cuales presuntamente eran usados para llevar a cabo actividades ilícitas, procediendo a su destrucción.

En el lugar conocido como Crucero de Los Indios, se localizó a una persona sin vida, la cual contaba con impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

El hoy occiso fue identificado como Ediel Isaí G. C., de 21 años de edad, quien desde hace algunos días se había ausentado del domicilio familiar.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales se hizo cargo del procesamiento de la escena y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necrocirugía de ley.

Se notificó al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento del hecho.

El despliegue operativo continúa de manera indefinida en el lugar para retornar la paz y brindar seguridad a la ciudadanía.

Destruyen elementos de la Agencia Estatal de Investigación 38 mil 500 plantas de mariguana de tres plantíos localizados cerca de la comunidad La Onza, municipio de Guadalupe y Calvo.

En comunicado de prensa, la Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que los agentes realizaban investigaciones en torno al delito de homicidio cuando ubicaron los plantíos.

El estupefaciente localizado corresponde a: 11 mil 200 plantas de 70 centímetros de altura en un predio de 2 mil 800 metros cuadrados; 6 mil 300 plantas de 1.50 metros de altura, en un predio de 2 mil 100 metros cuadrados; y 21 mil plantas con una altura de 1.80 metros en una superficie de 3 mil 500 metros cuadrados.

Además, dentro de los plantíos se localizó un área con unas 200 plantas en proceso de secado a la intemperie, las cuales dieron un peso aproximado de 250 kilogramos.

Los elementos procedieron a la destrucción del narcótico mediante incineración, previa documentación a través de serie fotográfica y registro de coordenadas para dar parte al Ministerio Público de la Federación que llevará el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Personas en situación de desplazamiento forzado interno de la Sierra Tarahumara (originarias de la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo), reconocidas como víctimas directas del delito y defensoras de derechos humanos, interpusieron una demanda de amparo indirecto.

El recurso se promovió contra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como autoridades estatales, por la omisión de acuerdos firmados e incumplimiento del Plan de Protección aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo con fecha 29 y 30 de noviembre de 2022.

Lo anterior se dio a conocer por las organizaciones que acompañan y asesoran jurídicamente a las familias en cuestión, en una rueda de prensa en las instalaciones del Centro Estatal de los Derechos de la Mujer (Cedehm).

El amparo reclama el cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades federales, estatales, municipales de implementar correctamente las medidas de protección, para poder garantizar los derechos humanos primordiales como el derecho a la vida y a la integridad personal, pero también derechos como la salud, vivienda digna y el derecho a defender derechos.

Las organizaciones informaron que las personas promoventes son beneficiarias del Mecanismo desde el mes de febrero del año 2014, fecha en que fueron incorporadas por la situación de violencia que se generó en contra de la comunidad y de forma particular contra algunas autoridades tradicionales y representantes comunitarios, entre ellos el defensor Julián Carrillo Martínez, quien fue asesinado en el año 2018.

En el caso de Julián Carrillo, su familia tuvo que salir de la comunidad para salvaguardar su vida. Otro defensor de la comunidad y su familia también tuvieron que desplazarse por la misma razón. Desde entonces permanecen en un refugio de seguridad proporcionado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En agosto de 2022 nuevamente se registraron desplazamientos forzados, esta vez del gobernador de la comunidad y su familia debido a las amenazas y el riesgo por la labor que realizan a favor de los bienes naturales y su territorio ancestral.

Desde el 2014 son beneficiarios del mecanismo, sin embargo, el año pasado al solicitar su integración como víctimas de desplazamiento forzado ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) les fue negada la incorporación, toda vez que el gobernador y su familia no realizaron la denuncia correspondiente por miedo a represalias por parte de sus agresores.

En este caso hubo una reunión con Erick Martín Salas, director del Mecanismo de Protección, así como con Janis Aguirre exencargada de despacho de la Ceave en la que les reiteraron la negativa, a pesar de ser beneficiario del mecanismo, dado que su extracción de la comunidad fue realizada por un cuerpo policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Desde el 2014, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha realizado cinco evaluaciones de riesgo a integrantes de la comunidad y a quienes hoy han decidido presentar la demanda de amparo y en todos los casos se ha indicado que dichas personas se encuentran en riesgo extraordinario impidiéndoles regresar a su comunidad.

Ante la sistemática violación a sus derechos humanos por la inacción del Estado, para que en su lugar de acogida puedan vivir en condiciones de dignidad y no revictimización es que promueven la demanda de amparo indirecto.