marcha 8M

El fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno informó que las personas detenidas durante el pasado viernes 08 de marzo en la ciudad de Chihuahua por la manifestación feminista, fueron liberados, incluyendo al hombre que ingreso con su vehículo y no se levantaron cargos ni se abrieron carpetas de investigación.

“Solamente se les detuvo para evitar en ese momento, cualquier cuestión que pudiese poner en riesgo la seguridad de las propias manifestantes, la mayoría fueron por razones de tipo administrativo, que no tuvieron consecuencias del tipo penal”, agregó.

César Jauregui comentó que la manifestación del 8M, no hubieron hechos que lamentar y que hubo un sistema de inteligencia policial adecuado, para garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes.

“Podemos presentar un saldo blanco, que era la responsabilidad que tenía el gobierno”. Puntualizó.

Por otra parte, tras salir de la mesa de seguridad semanal en Palacio de Gobierno, el fiscal señaló que está en proceso de identificación de los seis cuerpos localizados en fosas clandestinas de Ciudad Juárez.

Mientras que, en Nuevo Casas Grandes se abrió una investigación sobre el exjefe de la policía municipal en contra de elementos del Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sin dar más detalles al respecto.

A dos semanas de que ventanas del Palacio de Gobierno fueran incendiadas y la infraestructura del edificio fuera afectada por la marcha del 8 de marzo, aún no se tiene el monto de los daños a este edificio.

El subsecretario de Gobernación, Óscar González Luna, señaló que aún no se tiene un monto, pero este miércoles se llevó a cabo una inspección de las instalaciones para buscar la forma de establecer un protocolo para el resguardo de la sede donde despacha la gobernadora.

Por tal motivo, dijo se llevó a cabo una revisión tanto de forma interna como externa para conocer los daños y la forma en la que se debe de evitar. Estuvo a cargo de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En materia de daños aún no se especifica el monto, dado que en la Secretaría de Hacienda tampoco existe un análisis de esto.

Sin embargo, el funcionario especificó que se cuenta con una póliza cubre todos los edificios del gobierno estatal. En caso de que los daños fueran superiores a la cifra de 15 millones, se tendría que pagar un deducible.

Al respecto José de Jesús Granillo Vázquez, titular de la Secretaría de Hacienda, declaró que no se cuenta con esta información, ya que es la misma aseguradora quien evalúa los daños que presenta y los montos de esto.

Estos daños son principalmente las pintas de las paredes, así como en las puertas que permiten el acceso al edificio por la calle Aldama y que actualmente se encuentra sin acceso al público.

Asimismo, la destrucción de más del 80 por ciento de las ventanas del inmueble gubernamental y la quema de al menos seis de éstas que se ubican sobre la calle Venustiano Carranza.

La situación relacionada con la vinculación a proceso en contra de Germán M. L., quien fue sentenciado a tres meses de prisión preventiva por los cargos de ataques a la paz pública, ha generado controversia entre los diferentes colectivos.

Esto luego de que Germán diera a conocer que pertenece a la comunidad LGBT+ identificándose como “Gina”, justificando así su aparición en la manifestación del 8M.

De acuerdo a videos viralizados en redes sociales, personas que se relacionaron ese día con el imputado lo señalan como un “acosador”.

Entre los comentarios compartidos en redes, hay anécdotas de experiencias desagradables con el acusado, donde además se comenta que es triste que se cuelgue de una lucha tan noble como el movimiento LGBT+.

Una integrante de las colectivas que convocaron a la marcha del 8M, quien prefirió omitir su nombre por posibles represalias por parte de las autoridades, señaló que Germán utilizó el oportunismo para cambiar su identidad de género, esto sin ser irrespetuosa con los movimientos LGBT+.

“En los videos está molestando a las mujeres, y jamás se refiere a él como ella. Las autoridades buscaban tener a quien echarle la culpa, y él quería defenderse del estado”, dijo la integrante.

Esa situación, indicó, le da herramientas a quienes se oponen a esta lucha de derechos para que continúen criminalizando a las personas por su género e identidad sexual.

Por otra parte, la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua, informó que en general, a ninguna persona que se haya manifestado se le debería violentar sus derechos.

En la red social de Facebook se ha viralizado el caso y se han pronunciado en contra de que esta persona se categorice como transexual o como ni binario, cuando existen testimonios que dicen lo contrario.

Un total de 23 colectivas y organizaciones feministas del estado de Chihuahua se reunieron para dar a conocer su postura con respecto a los posicionamientos de 41 empresarios de Chihuahua, donde exigieron la detención y puesta a disposición de los responsables de los actos vandálicos del 8M.

Mediante un posicionamiento, las colectivas de nueve municipios, firmaron un documento dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a los empresarios, al fiscal Zona Centro, Francisco Martínez Valley y a las mujeres conservadoras que se unieron para criminalizar los actos del 8 de marzo.

En la carta rechazan enérgicamente cualquier forma de criminalización de la protesta social feminista y responsabilizan a la gobernadora por la seguridad de todas.

Asimismo, toda acción que el Estado realice en contra de las feministas y personas que participaron en la protesta, sin que incluya los protocolos exigidos por ley y los derechos humanos, será denunciada como violación a estos y persecución política.

Las organizaciones firmantes provienen de los municipios de Chihuahua, Ojinaga, Saucillo, Parral, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Camargo, Juárez y Ascensión.

En su documento, aluden a lo que el fiscal Martínez Valle dijo durante su pronunciación de los hechos: “No me voy a tentar el corazón por cuestiones de género”.

A lo anterior, las colectivas responden que es una de las razones detrás de tanta violencia contra las mujeres e impunidad en el Estado; por leyes de hombres con falta de perspectiva de género.

“Cuando usted dijo que a las mujeres de colectivos no se les detendrá, pero “se les investigará y se determinará si tienen responsabilidad”, nos alerta sobre detenciones arbitrarias, sobre persecución política y sobre violencia política en base a género”.

“Sabemos que la detención arbitraria aumenta el riesgo de otras violaciones, incluyendo la tortura”, señala en documento.

Por último, se pronuncian contra los 41 empresarios que emitieron un desplegado, donde se mostraron en total desacuerdo con los actos de violencia, ya sean orgánicos o promovidos por intereses “oscuros”.

“Estas protestas del 8M, exhibieron al gobierno actual que se ha dedicado a beneficiar a las cúpulas, a continuar la corrupción y a dejar en último plano nuestras demandas y otras demandas sociales”, externaron.