La Fiscalía General del Estado deberá procurar, a partir de este lunes, la incorporación de agentes investigadores de causas penales que dominen alguno de los idiomas indígenas originarios de la entidad.
Las reformas a la Ley Orgánica de la FGE que establece esa condición entró en vigor este sábado, por lo cual, la dependencia antes citada deberá incorporar a agentes investigadores bilingües o polilingües, para que se ocupen de integrar las carpetas de investigación donde se involucre personas de pueblos indígenas.
La reforma al artículo 14 de la mencionada ley establece que la Agencia Estatal de Investigación “Procurará la integración de agentes investigadores en los términos del artículo 3 Bis de la presente Ley”.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la Ley Orgánica, la Agencia Estatal de Investigación que cuenta para sus funciones con toda una estructura de personal especializado en investigación penal, la cual ahora deberá incluir a los agentes bilingües o polilingües.
La reforma publicada este sábado incluye, además, la inclusión del artículo 3 Bis, mediante el cual se establece que FGE “procurará contar con el personal que domine el idioma y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas, en los órganos que tengan mayor incidencia de casos que involucren a personas indígenas”.
Sin embargo, existe unos escasez de traductores indígenas, no solo en Chihuahua, sino en el todo el país, para atender a una población que, o no domina el español por completo, o lo desconoce en lo absoluto.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI) señala que la falta de traductores debidamente certificados es una de las barreras que impiden el acceso a la justicia para las personas integrantes de alguna comunidad originaria.
Dicho organismo tiene un catálogo de lenguas indígenas que incluye 69 variantes de 11 familias lingüísticas distintas.
La problemática, señala el INLI en su portal digital, es “amplia y compleja”, porque incluye la discriminación; vejaciones y abusos en los procedimientos de impartición de justicia cuando se trata de un caso que involucra a un indígena.
En ese sentido, agrega que existe una falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena, para tener una adecuada defensa en juicio.
A lo anterior, se suma la falta de denuncias legales sobre delitos cometidos contra indígenas, los procedimientos jurisdiccionales lentos; juicios cargados de irregularidades y las sentencias severas sin proporción con el delito cometido.
A lo anterior, se suma que existe una total ignorancia de los sistemas normativos y usos y costumbres del derecho indígena; creación y operación de instituciones para indígenas sin debidos procesos de consulta.
