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Narcotráfico

La reconocida académica, escritora y periodista Guadalupe Correa-Cabrera presentó su libro “Cárteles Inc.”, una actualización de su obra anterior “Los Zetas Inc.”, en la que propone replantear la forma en que se entiende el crimen organizado en México y cuestiona la narrativa tradicional centrada exclusivamente en el narcotráfico.

De acuerdo con la autora, Los Zetas, grupo que surgió en 1997 en Tamaulipas como brazo armado del Cártel del Golfo, revolucionó el concepto de las organizaciones criminales al crear un modelo capaz de adaptarse a las condiciones de cada región, similar a una franquicia o red de negocios.

Ya no se trata, explica, de estructuras piramidales encabezadas por un solo líder, sino de organizaciones que permiten el crecimiento de grupos con conocimiento del contexto local y que posteriormente establecen alianzas entre sí.

En “Cárteles Inc.”, Correa-Cabrera invita al lector a descubrir cuál es la “nueva generación” que controla las redes criminales y sostiene que el concepto de “cártel de la droga” resulta insuficiente para explicar la realidad actual.

De los cárteles tradicionales a las redes criminales

La autora plantea que la violencia y el crimen organizado en México no pueden entenderse únicamente desde la perspectiva del narcotráfico o de la política de drogas. A su juicio, el verdadero objeto de análisis son las grandes corporaciones, las redes de intereses económicos y políticos, así como los sectores estratégicos relacionados con la energía y los recursos naturales.

Desde esa perspectiva, considera que la narrativa tradicional sobre los llamados “cárteles de la droga” está basada en conceptos erróneos que impiden comprender las causas profundas de la inseguridad y de la política exterior de Estados Unidos hacia México.

El libro explica que los denominados cárteles no funcionan como monopolios u oligopolios que controlan la producción y distribución de drogas mediante acuerdos empresariales. En realidad, operan como complejas redes criminales integradas por fabricantes, distribuidores, intermediarios, vendedores de precursores químicos, operadores financieros, empresarios, funcionarios corruptos, agentes de seguridad, políticos y otros actores que facilitan distintos mercados ilícitos.

Esta configuración, sostiene la investigadora, es resultado de décadas de militarización de la estrategia antidrogas impulsada por Estados Unidos e implementada en países como México y Colombia, política que favoreció la aparición de grupos paramilitares involucrados no solo en el narcotráfico, sino también en delitos como la extorsión, el secuestro y el control territorial.

La investigación señala que el crimen organizado evolucionó de organizaciones relativamente centralizadas hacia sistemas conformados por “redes criminales adaptativas”. Lo más preocupante, advierte, es que prácticamente todas las organizaciones delictivas estarían adoptando este modelo, arraigándose cada vez más en los territorios donde operan.

Por ello, propone analizar este fenómeno mediante la teoría de sistemas sociales y el análisis de redes, sin abandonar herramientas provenientes de la administración de empresas y de la estrategia militar.

El objetivo, explica, es comprender un ecosistema criminal mucho más amplio que el tráfico de drogas y que involucra múltiples actividades económicas, tanto legales como ilegales.

En este contexto, Correa-Cabrera retoma los principales planteamientos desarrollados en “Los Zetas Inc.”, donde argumentó que Los Zetas introdujeron un modelo completamente nuevo de delincuencia organizada en México.

Dicho grupo surgió como una organización paramilitar con una estructura similar a la de una corporación multinacional, capaz de diversificar actividades ilícitas, controlar territorios estratégicos y operar mediante complejas prácticas empresariales. Ese modelo fue posteriormente replicado por otras organizaciones criminales y transformó profundamente la dinámica de la violencia en el país.

La era de la contención fracasó: EU endurece su guerra antidrogas y coloca a México bajo presión

La disputa ya no es solo por la droga, sino por los recursos estratégicos

El libro sostiene que la expansión de Los Zetas y la respuesta militarizada del Estado mexicano provocaron niveles de violencia sin precedentes, especialmente en regiones estratégicas para la producción y distribución de recursos energéticos.

Como consecuencia, se registraron desapariciones masivas, desplazamientos forzados de comunidades y una creciente disputa por territorios con importantes reservas de petróleo, gas natural, carbón, hierro, agua y otros recursos considerados estratégicos para las cadenas de suministro energético.

Según la autora, durante el auge de la llamada revolución del gas shale y la aprobación de la reforma energética de 2013, estas regiones concentraron buena parte de los enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas gubernamentales.

Asimismo, la investigación plantea que diversos sectores económicos obtuvieron beneficios indirectos de este escenario de violencia. Entre ellos menciona a las empresas productoras de armas, el sistema financiero internacional, compañías energéticas y contratistas del complejo militar-fronterizo-industrial de Estados Unidos. Desde esta óptica, la guerra contra las drogas habría favorecido intereses económicos más amplios que trascienden el combate al narcotráfico.

La segunda parte de “Cárteles Inc.” describe la transformación del modelo criminal tras el debilitamiento de Los Zetas, alrededor de 2015.

Correa-Cabrera explica que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) retomó ese esquema organizativo, pero lo adaptó a una estructura más flexible, semejante a una franquicia integrada por múltiples células paramilitares que operan bajo una misma identidad, sin depender necesariamente de un mando único.

Paralelamente, el Cártel de Sinaloa evolucionó hacia una federación de grupos delincuenciales con características similares a una red de alianzas.

Finalmente, la autora sostiene que el crimen organizado en México ha dejado de estar conformado por corporaciones criminales claramente identificables para convertirse en un complejo ecosistema de redes delictivas que interactúan con intereses económicos, políticos y empresariales.

En este nuevo escenario, la violencia y los desplazamientos forzados se desplazan hacia regiones donde existen proyectos de energías renovables, minerales estratégicos y recursos indispensables para las nuevas cadenas globales de suministro surgidas tras la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania y otros conflictos internacionales.

Ante esta transformación, Correa-Cabrera concluye que es necesario abandonar las explicaciones centradas exclusivamente en el narcotráfico y adoptar nuevos enfoques que permitan comprender la evolución del crimen organizado como un fenómeno transnacional, paramilitar y estrechamente vinculado con procesos económicos y geopolíticos de alcance global.

La región occidental de Chihuahua, particularmente en los municipios serranos de Guachochi, Moris y Buenaventura, atraviesa una nueva escalada de violencia marcada por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, ataques a corporaciones policiales y la quema de vehículos.

En las últimas semanas, los tiroteos han sembrado el temor entre los habitantes de comunidades de la Sierra Tarahumara, donde la presencia de las autoridades ha resultado insuficiente para contener los hechos.

El saldo mortal comprobable hasta la fecha es de siete personas muertas en distintos hechos violentos: tres efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y cuatro civiles presuntamente vinculados a una organización delictiva.

A este recuento se suman los cuatro agentes de la SSPE lesionados durante la emboscada ocurrida el 7 de octubre en el municipio de Moris, donde una célula criminal atacó a un convoy de 16 policías estatales.

En esa misma semana ocurrió otro enfrentamiento entre grupos armados en Guachochi, del cual, de manera oficial, no se ha informado sobre personas muertas o heridas. El tiroteo se prolongó durante horas y, hasta este viernes, las autoridades únicamente habían asegurado vehículos calcinados o baleados y armas abandonadas.

Moris: emboscada que provoca una “declaración de guerra”

El 7 de octubre, un grupo de 16 agentes de la SSPE viajaba a bordo de dos camionetas con los logos oficiales de la corporación rumbo a la capital del estado, para efectuar un relevo de personal de rutina, cuando fueron atacados por sujetos parapetados en lo alto de una colina, según la versión oficial.

En el tiroteo murió la agente Ana Esmeralda Arteaga Arroyo. Posteriormente, en su intento por salir de la emboscada, una de las unidades cayó a un barranco, lo que provocó la muerte de los oficiales Germán Peralta Hernández y Jesús Roberto Morales Valle, además de dejar a otros cuatro agentes gravemente heridos.

Tras el ataque, el titular de la SSPE ofreció una conferencia de prensa en la que anunció el inicio de una “guerra sin cuartel” contra el narcotráfico, y afirmó que los agentes bajo su mando tenían la orden de detener a los responsables e, incluso, abatirlos si era necesario.

“No vamos a permitir que la delincuencia quiera fijar la agenda del Gobierno del Estado”, declaró enfáticamente.

En esa misma conferencia se anunció la detención de nueve personas identificadas como presuntos integrantes del grupo que perpetró el ataque: Diego C. P., Óscar Alexis B. R., Arnulfo C. M., Adrián T. E., Aldo Guadalupe M. A., Luis Ángel R. N., Antonio Ignacio A. A., Rafael F. R. y Michel Jimena T. E.

Sin embargo, en la vinculación a proceso dictada el 16 de octubre, únicamente se les imputaron cargos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, drogas y vehículos robados. Ninguno fue acusado de homicidio por la muerte de los agentes.

Durante los operativos, la SSPE aseguró 26 vehículos (21 con reporte de robo), 13 armas de fuego, 40 cargadores, más de 1,700 cartuchos útiles, seis paquetes con droga, tres vehículos con números de serie alterados y artefactos explosivos.

Terror en Guachochi por tiroteo que duró horas

Entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de octubre, los habitantes de Guachochi vivieron horas de terror a causa de un prolongado tiroteo entre grupos armados.

Hasta el momento, las autoridades estatales ni la Fiscalía General del Estado han confirmado el número de víctimas; sin embargo, algunos medios locales reportaron ocho personas fallecidas.

Diversas zonas de la cabecera municipal, incluida la Glorieta de la Virgen, resultaron dañadas por disparos de armas de alto poder. Las autoridades localizaron al menos cuatro vehículos calcinados, lo que incrementó el pánico entre la población.

El párroco de Guachochi, Enrique Urzúa Romero, llamó a los pobladores a no “paralizarse por el miedo”.

“Me duele que como comunidad hayamos pasado nuevamente una noche aturdecedora por las balas”, escribió.

El obispo de la Diócesis de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, respaldó el mensaje y expresó su solidaridad.

“Comparto con ustedes el dolor por la violencia que hiere nuestras noches, pero también la fe que los sostiene y la esperanza que no muere”, sentenció.

El retén de la muerte: cinco gatilleros abatidos

Pocos días después del enfrentamiento en Guachochi, agentes de la SSPE enfrentaron a otro grupo armado en la comunidad de Flores Magón, zona conocida como El Dame, donde los elementos de grupos especiales detectaron un retén integrado por civiles armados.

De acuerdo con el reporte oficial, los agresores abrieron fuego contra los policías, quienes repelieron la agresión. El saldo fue de cuatro civiles abatidos, sin bajas ni heridos entre las fuerzas estatales.

En los operativos para dar con los agresores de Moris y restablecer el orden en la región participaron 200 elementos y 40 unidades de la Policía Estatal, según informó el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez.

También se realizaron búsquedas aéreas con apoyo de 12 drones de vigilancia y dos helicópteros Bell 429 para recorrer la zona serrana de Moris y sus alrededores.

No obstante, pese al despliegue de recursos, la violencia no ha cesado. Las autoridades han logrado detener a nueve personas y asegurar vehículos, armas y droga, pero el fuego cruzado continúa dominando la Tarahumara.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua prepara un encuentro con sus homólogos de Sonora para coordinar una ofensiva conjunta contra las bandas del crimen organizado que operan en la frontera entre ambas entidades.

La iniciativa surge en medio de una escalada violenta en la Sierra Tarahumara, donde los cárteles disputan el control del trasiego y las rutas de producción.

“Será muy importante que el nuevo encargado de la Quinta Zona Militar, quien viene de Sonora, aporte la experiencia que ha acumulado, lo que va a repercutir positivamente en los trabajos que se tienen que hacer conjuntamente en esa zona”, dijo Jáuregui.

El fiscal aseguró que la coordinación entre ambos estados busca romper la frontera de impunidad que durante años ha permitido a los grupos criminales moverse libremente entre Chihuahua y Sonora.

En ese contexto, informó que tras el operativo realizado en el municipio de Moris, donde fueron detenidas nueve personas, se revisan los informes policiales y las pruebas recabadas para judicializar los delitos tanto del fuero común como del federal.

“Estamos integrando una investigación y las puestas a disposición, a efecto de que esta gente pague las consecuencias de las actividades que viene realizando”, afirmó.

Jáuregui detalló que los detenidos colaboraban directamente con una célula del crimen organizado, según los hallazgos realizados en los inmuebles intervenidos. Además, se analiza si cuentan con órdenes de aprehensión pendientes.

Finalmente, reiteró que el gobierno estatal mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. “Estamos muy bien coordinados; el objetivo es claro: recuperar el control de la zona serrana”, concluyó.

“El crimen es la causa”. Así lo resumió el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, al reconocer que 95 por ciento de los homicidios cometidos en Chihuahua están directamente relacionados con actividades del crimen organizado.

“Lo voy a decir coloquialmente: es el crimen. La gente en Chihuahua no se mata por cuestiones normales. Sí hay homicidios comunes —el pleito en la fiesta, la discusión de pareja—, pero son la excepción”, afirmó durante su participación en la “Jornada Itinerante del Primer Congreso Nacional de Mediación: Tres Culturas Unidos por la Paz”.

Jáuregui precisó que, aunque existen asesinatos derivados de conflictos personales, la constante es la violencia criminal vinculada a venganzas, ajustes de cuentas o disputas entre cárteles.

Zonas críticas y grupos en pugna

Ante estudiantes y académicos reunidos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), el fiscal detalló que las áreas más golpeadas por la violencia son los municipios serranos de Guadalupe y Calvo, Madera, Coyame, Aldama, Ojinaga y Chínipas, donde la disputa territorial se agudiza por la cercanía con Sonora y Sinaloa.

En estas regiones opera un grupo dominante conocido históricamente como el Cártel de Juárez o Cártel de La Línea.

Si bien admitió que Chihuahua enfrenta un problema grave de seguridad, Jáuregui destacó que no se registra un fenómeno de extorsión generalizada como en Michoacán. Explicó que los casos de cobro de piso se concentran en Guachochi, vinculados sobre todo a la tala ilegal y a la expedición irregular de permisos forestales.

Violencia y crecimiento económico

El fiscal también subrayó que, pese a la situación, Chihuahua mantiene condiciones de crecimiento económico sostenido y continúa atrayendo inversión extranjera.

“Este es un estado donde casi 700 mil personas se levantan todos los días a trabajar”, dijo, al insistir en que la violencia no ha frenado las actividades productivas.

Finalmente, sostuvo que para resolver la violencia es indispensable la coordinación con la Federación, pues los delitos de delincuencia organizada son de competencia federal, aunque la Fiscalía estatal atiende la totalidad de los homicidios que ocurren en el territorio.

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