personas desaparecidas

Familiares de personas desparecidas, en compañía del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, colocaron este sábado 40 placas con nombres de hombres y mujeres desaparecidos en el estado de Chihuahua.

Las placas se suman a las 187 que fueron colocadas por las familias en agosto del año en curso, en el marco del Día internacional de las Desapariciones Forzadas, como muestra de la lucha y búsqueda continua por las organizaciones y familias.

En este evento se sumaron las 10 plaquitas de las personas que fueron encontradas en una fosa en el municipio de Coyame. El espacio se había reservado, hasta confirmar su identidad por autoridades estatales. Al momento permanecen 3 espacios vacíos.

El mural está ubicado en el jardín de la Justicia, frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ubicado en la avenida Paseo Bolívar y calle Séptima.

Plasmando Esperanzas fue develado en agosto y suma 227 placas, de las casi 4 mil personas desaparecidas en la entidad que se tiene cuenta desde 1998.

Este mural fue hecho por las familias de personas desaparecidas en acompañamiento con el Cedehm, y muestra las caras de la desaparición, con sentimientos como el miedo y la incertidumbre acompañados de la palabra Fuerza, mientras que del lado derecho, es la esperanza, empatía y los momentos de “luz” ante la búsqueda.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur realizó un operativo de búsqueda y rastreo en el municipio de Villa Matamoros, como parte de los trabajos permanentes en las investigaciones para localizar a personas que cuentan con reporte de ausencia o desaparición.

El despliegue fue encabezado por la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas y se llevó a cabo ayer martes 19 de septiembre, informó la FGE en comunicado de prensa.

El operativo tuvo lugar en las inmediaciones de la presa Balsequillo y se extendió por el tramo de terracería que conduce a la comunidad de Santa Rosalía.

El rastreo pedestre cubrió una superficie de 30 mil metros cuadrados en la búsqueda de indicios que permitan esclarecer los casos de desaparición y estuvo a cargo de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal de la Unidad de Servicios Periciales.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas.

Estos últimos dos años fueron de harto sufrimiento, dolor, desolación e incertidumbre para doña María de la Luz Rodríguez Banda, desde que su hijo Javier Ricardo López Rodríguez desapareció en Coyame junto con otros 12 aspirantes a cruzar a Estados Unidos.

“Es mucha la impotencia, es mucho el dolor, es mucho la angustia, la desesperación de que no los encontraran”, reveló la señora que un día de septiembre de 2021 despidió a su hijo que buscaba un mejor porvenir cruzando la frontera norte.

“Exactamente, uno no puede describir lo terrible que es esto porque no los encontrábamos en ninguna parte. Han sido dos años muy feos y fatales. Donde se rastreaba no había nada, a veces había esperanza de que los iban a encontrar porque nos decían que acá, que allá y así como iban a buscarlos regresaban igual”, agregó Luz Rodríguez.

El 25 de septiembre de aquel año noticias daban cuenta de la desaparición de estos migrantes, sin que hubiera rastros de su localización.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, había informado que estos desafortunados 10 chihuahuenses, entre los que iba Javier Ricardo, un duranguense, y otros dos originarios de Querétaro y del Estado de México, fueron víctimas de la disputa entre dos bandas de criminales que trafican con indocumentados.

“Sabíamos que mi hijo iba a pasar a Estados Unidos y se fue. De Coyame nos habló para decirnos que iban a apagar los teléfonos, que ya no iba a haber señal, que hasta que hubiera señal se iba a comunicar. Y eso fue todo, nada más, de ahí ya no supimos nada de él”, indicó la mamá de Javier Ricardo envuelta en lágrimas.

Nadie, ninguno de los migrantes se conocía. No sabían quiénes eran entre sí, hasta que se juntaron fue que se conocieron. Ninguno tenía amistad con alguno de ellos.

El 24 de agosto pasado la Fiscalía, en un nuevo rastreo por la zona, descubrió fosas clandestinas cerca de la ranchería de El Mimbre cerca de Coyame y a una hora y cuarenta minutos distante de la capital del estado.

Sepultados en la clandestinidad bajo una plancha de concreto los peritos forenses descubrieron los cuerpos con rastros de tejido y objetos personales, de los cuales se extrajeron muestras para realizar análisis de ADN que confirmen la identidad de los 13 de Coyame, como se conoce este caso.

El día que les informaron del hallazgo, ese día doña María de la Luz encontró tranquilidad.

“Todavía no es oficial, todavía faltan pruebas de ADN y otras pruebas de los protocolos que van a seguir en la Fiscalía; pero, pues hay muchos indicios de que sí son ellos. Ya estamos más tranquilos dando gracias a Dios”, indicó la señora.

En el mural Plasmando Esperanzas, que integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres erigió en honor y recuerdo de más de 3 mil 500 desaparecidos en Chihuahua, los 13 de Coyame tienen un lugar reservado para colocar placas con sus nombres.

En el marco del Día Internacional de Desaparición Forzada, la diputada Ivón Salazar presentó al Congreso del Estado un exhorto dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que atienda con respeto y sensibilidad a responsables de familia con personas desaparecidas.

El exhorto que se votó a favor, se presentó luego de que grupos de madres de personas desaparecidas que solicitaron un espacio en “la mañanera” y una audiencia, fueron rechazadas en Palacio Nacional.

“Si uno de sus familiares, ya sea un hermano, un hijo o una hija, son víctimas de desaparición forzada ¿Hasta dónde serían capaces de buscar?, ¿No pedirían audiencia incluso al presidente?, entonces por qué minimizar los reclamos de familiares de personas víctimas de desaparición, cuando deberíamos de estar visibilizando este problema tan grave”, argumentó.

La petición al presidente incluyó designar a la brevedad, al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

La diputada Salazar expuso que de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hay 111 mil personas desaparecidas en el país; 2 mil 408 de ellas tan solo en el estado de Chihuahua, de las cuales mil 132 son personas no localizadas.

Dijo que con esas cifras Chihuahua ocupó en 2022 el lugar número 12 a nivel nacional con más personas desaparecidas y no localizadas.

“No se trata de un número, es una hermana, un hermano, una esposa, un esposo, una hija o un hijo, un padre o madre de familias que se quedarán con la incertidumbre de saber si la persona que buscan será encontrada algún día, anhelando siempre que sea con vida”, agregó.

Por otro lado, dijo que al día de hoy la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se encuentra sin titular, después de la “misteriosa renuncia” de Karla Quintana, una situación que añadió es cuestionable después de las declaraciones por parte del titular del Ejecutivo.

Durante la presentación de la iniciativa los diputados de Morena, Leticia Ortega Máynez, Benjamín Carrera Chávez y Jael Argüelles pidieron no “politizar” el tema de las desapariciones, tampoco desinformar a la población afirmando que se busca borrar registros del padrón de personas desaparecidas.

El diputado Édgar Piñón del PRI calificó este sexenio como “el peor” en cuestión de desaparición de personas, que muestra las duplicidades y fallas en la justicia para las familias.

Las diputadas de PAN, Rocío Sarmiento e Isela Martínez, respondieron que la politización del tema lo hace Morena, y junto con el PRI, se sumaron como grupo parlamentario a la iniciativa.

“Vamos a votar a favor, creemos que afecta a las personas; solo no estamos de acuerdo con la exposición de motivos, recordemos a García Luna y los 43, que no fueron en este gobierno”, reiteró Benjamín Carrera.

El exhorto obtuvo 9 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que se aprobó el acuerdo en todos sus términos.