protesta campesina

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, aseguró que la mayor resistencia a la reforma proviene de grupos que históricamente han acaparado el agua.

“Quienes se oponen defienden sus intereses. Han acumulado grandes cantidades de agua al amparo del poder político y económico, impidiendo que pequeños y medianos productores, comunidades rurales e indígenas accedan al recurso”, afirmó el funcionario durante la conferencia mañanera de este 26 de noviembre.

En presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morales López negó que la nueva legislación contemple eliminar la figura de la herencia de concesión, ligada a la propiedad de la tierra.

Ante versiones que circulan en medios y redes sociales, el titular de Conagua aclaró que la reforma no prohíbe la herencia de derechos sobre el agua ni la compraventa de tierras asociadas a concesiones.

“Es totalmente falso que ya no se permitirá heredar. El binomio tierra-agua está garantizado. Al vender una propiedad, el nuevo dueño recibirá un título de concesión”.

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales permitirá que el Estado mexicano recupere la rectoría sobre el manejo del recurso hídrico y ponga fin al acaparamiento y a las desigualdades generadas por la legislación vigente desde 1992, afirmó.

“El agua dejará de verse como mercancía”

El funcionario señaló que la iniciativa transforma el marco legal, cuyo cambio más relevante es que el agua deje de considerarse una mercancía para reconocerse como un derecho humano y un bien estratégico para el desarrollo del país.

Precisó que la reforma ordena el sistema de concesiones y destacó que la nueva legislación establece que solo el Gobierno de México podrá otorgar títulos, eliminando la transferencia de permisos entre particulares.

Esa práctica, aseguró, derivó en un alto nivel de concentración del recurso en manos de quienes tenían mayores capacidades económicas.

Asimismo, se pondrá fin a los cambios irregulares de uso de concesiones de aguas nacionales.

Actualmente, explicó, es posible obtener una concesión para uso agrícola y después modificarla para fines recreativos, inmobiliarios o comerciales, como ocurre en campos de golf y desarrollos urbanos.

“Esto ha generado desorden y afectaciones, porque no existe control del Estado”, señaló.

La iniciativa elimina los cambios de uso, lo que, según Conagua, evitará abusos y garantizará una distribución más equitativa.

El Gobierno Federal y las organizaciones de agricultores que mantienen bloqueos en carreteras del país no lograron acuerdos en torno a la nueva legislación sobre el uso de aguas nacionales, tras la reunión celebrada este miércoles 26 en la Ciudad de México.

En un video difundido en redes sociales se observa a Jacko Ramírez, dirigente campesino en Chihuahua, acusar a funcionarios federales de pretender reformar la ley para favorecer a grandes empresas trasnacionales.

“Esta situación la provocaron ustedes con su complicidad con las grandes empresas trasnacionales”, declaró el líder campesino mientras se dirigía a los representantes del Gobierno que asistieron a la mesa de negociación con los manifestantes, quienes sostienen los bloqueos por tercer día consecutivo en demanda de retirar la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

“¿Cómo está que nos vamos a ir de los bloqueos?”, cuestionó Ramírez, quien señaló directamente a Altagracia Gómez —presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa, uno de los mayores productores de harina de maíz— y al secretario de Sader, Julio Berdegué, como promotores de intereses corporativos.

Mientras desde el espacio destinado a la representación gubernamental se escuchaban llamados para continuar el diálogo, Jacko, junto con otros integrantes de la comisión, anunció que los bloqueos carreteros se mantendrán.

“Si no hay una respuesta clara y contundente a nuestras peticiones, métanle a la policía —no nos vamos a ir de aquí—”, expresó.

A casi dos días de iniciadas las protestas contra la nueva Ley Nacional de Aguas, las asociaciones de agricultores del sureste del estado continúan con el cierre de la carretera Chihuahua–Delicias, a la altura del kilómetro 160.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, al corte de las 17:00 horas de este martes 25, se mantenía el cierre total en ese tramo, así como en la carretera Ascensión–Janos, a la altura del kilómetro 175.

Asimismo, en la carretera Gómez Palacio–Jiménez, en el tramo Jiménez–Zavalza (km 230+000), el cierre persiste de forma parcial, ya que se permite la circulación únicamente de vehículos particulares y unidades de emergencia.

La presión sostenida de productores y comunidades obligó a que se confirmara el traslado de una comisión representativa a la Cámara de Diputados, en San Lázaro, para analizar y discutir el proyecto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

En un comunicado, Agricultores Unidos de Chihuahua —integrada por diversas agrupaciones de productores agrícolas y frutícolas— anunció lo anterior y rechazó las declaraciones hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del martes 25, cuando afirmó que no había razón para los bloqueos porque el diálogo “estaba abierto”.

La delegación que viajará a la capital del país estará integrada por miembros de la comunidad LeBarón, del noroeste; representantes menonitas de Casas Grandes y de las tres colonias de Cuauhtémoc; y el presidente de la Unión de Fruticultores (Unifrut).

Además, acudirán representantes del Sistema Producto Nuez; integrantes de la Red de Productores del Noroeste —que agrupa a más de 2 mil pequeños productores de frijol, manzana y ganado—; agricultores de las presas La Boquilla y Las Vírgenes; así como integrantes de Agricultores Unidos de Chihuahua, el movimiento “Las Adelitas”, el diputado Arturo Zubia y el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano.

Según el comunicado, la reunión no será un acto protocolario, sino un espacio para exigir modificaciones puntuales a los artículos de la iniciativa que —aseguran— ponen en riesgo la viabilidad del campo chihuahuense.

El manifiesto se dio a conocer después de dos días de acciones de protesta en el estado de Chihuahua, con bloqueos en diversos puntos carreteros, cruces internacionales y en tramos ferroviarios, en demanda de que no se apruebe la Ley de Aguas Nacionales en los términos en que está redactada.

“Nos pusieron la mesa de diálogo… en Zacatecas”

En su manifiesto, las organizaciones y asociaciones del sector productivo de Chihuahua rechazaron las declaraciones emitidas desde Palacio Nacional sobre la supuesta “apertura permanente” del Gobierno Federal para dialogar sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Según señalaron, la realidad muestra lo contrario: la falta de resultados y de escucha previa provocó que las movilizaciones sociales en el estado se convirtieran en el último recurso para exigir atención.

Otro punto de molestia es la realización de los foros federales sobre la reforma. Las asociaciones acusaron que el Gobierno Federal responsabiliza a los productores por no asistir, cuando el foro “más cercano” fue programado en Zacatecas.

Consideraron esta decisión como una muestra de falta de sensibilidad y desconocimiento territorial, pues coloca barreras geográficas, logísticas y económicas que limitan la participación real de quienes dependen del campo.

“La postura de Chihuahua es firme: sin agua no hay producción; sin producción no hay campo, y sin campo, México no come”, expresaron.

Reiteraron que la defensa del agua no responde a motivaciones políticas, sino a la necesidad de garantizar la supervivencia de miles de familias y la soberanía alimentaria del estado y del país.

Las organizaciones aclararon que su presencia en la Ciudad de México no busca legitimar decisiones ya definidas, sino exigir que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales sea corregida en los puntos que consideran lesivos para la entidad.

Subrayaron que esperan un diálogo auténtico, decisiones técnicas y no políticas, y un trato respetuoso hacia quienes sostienen al país desde la tierra.