violencia

Tras una semana de enfrentamientos armados en varias regiones de la Sierra Tarahumara, la gobernadora María Eugenia Campos confirmó que se solicitará apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para llevar un mayor número de efectivos a las zonas más afectadas.

“Haremos la solicitud a la brevedad posible; pero estos embates de violencia que ha habido en la Sierra Tarahumara han sido por el crimen organizado. Trabajamos para reforzar la seguridad, y también para hacerles saber que el uso de la fuerza pública es exclusivo del Estado y que no pueden molestar así a la sociedad civil y tampoco a la Iglesia”, dijo la jefa del Ejecutivo estatal.

Agradeció a la Sedena porque siempre ha tenido sus puertas abiertas hacia Chihuahua y han sido muy colaboradores con las acciones implementadas por el Estado.

La mandataria dijo que ya ha tenido comunicación tanto con el titular de la Sedena, como de las zonas militares 5 y 42.

Así lo confirmó en entrevista ante medios de comunicación, luego de la Sesión Solemne del Congreso del Estado para conmemorar el Bicentenario del Heroico Colegio Militar.

Tanto el fiscal general, César Jáuregui, como el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, habían declarado durante el transcurso de la mañana de ayer, que se solicitaría la presencia y apoyo del Ejército Nacional para atender el tema de la seguridad en la Sierra Tarahumara.

Se desconoce la situación de desplazamiento forzado interno en el estado por motivos de violencia e inseguridad, señaló el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

“Con el establecimiento de la mesa de trabajo y la Comisión de desplazamiento forzado, estamos trabajando en un diagnóstico y estamos esperando el reporte. Es difícil determinar un número de personas desplazadas porque hay personas que se han desplazado de manera momentánea y temporal y otras que se han movido de manera permanente”, dijo Santiago de la Peña.

De la Peña fue cuestionado sobre el tema luego de que el párroco de Santa Anita, Guachochi, declaró que hay familias desplazadas por la violencia y solicitaron apoyo de las autoridades para contener la inseguridad en aquella región.

“Estamos en plena coordinación con Sedena y Guardia Nacional, la seguridad no se resuelve en un día es un trabajo diario y todos los días cambian las condiciones, mañana en la mesa de seguridad se habrán de poner algunas medidas sobre la mesa para estos temas en particular”, expresó el funcionario estatal.

El secretario indicó que ante las representaciones de las organizaciones participantes y del Gobierno Federal, se propondrá cómo variar la estrategia de seguridad nacional.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), Enrique Rascón, indicó que se tienen más de 600 carpetas de investigación por denuncias de desplazamiento forzado interno en el estado, aunque se desconoce el periodo o si se ha dado seguimiento a las querellas.

El titular de la Fiscalía General del Estado, César Jáuregui Moreno descartó que las familias se hubiesen movido de sus comunidades de origen por la violencia y dijo en cambio que era por hambre y falta de recursos.

El titular de la Coordinación Estatal de los Pueblos Indígenas (Coepi), Enrique Rascón, informó que por instrucciones de la gobernadora se trasladará al municipio de Guadalupe y Calvo una mesa permanente de trabajo con diversas dependencias estatales para atender el tema del desplazamiento de familias por la violencia.

El funcionario dijo que, junto con la Coepi, trabajarán el DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Vivienda e incluso la Secretaría de Economía. Esto, será aparte de los trabajos que las corporaciones de seguridad pública atienden.

Lo anterior, fue dado a conocer en una rueda de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno donde se informó de los apoyos sociales que se entregarán como parte de la campaña “Juntos por la Sierra Tarahumara”.

En la rueda de prensa se encontró la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, quien informó sobre los apoyos que se entregan en la Sierra Tarahumara, así como las atenciones que se dan en el municipio de Guachochi, luego de que el párroco Enrique Urzúa urgiera en redes sociales apoyo con la situación de violencia en la Sierra Tarahumara.

La funcionaria indicó que se apoya con desayunos calientes y fríos, así como suplementos alimenticios para apoyar con la situación de desnutrición infantil.

Además, se indicó que en los Centros de Atención a Madres (Cerenam), estas pueden vivir los primeros tres meses después del parto, para evitar problemas de salud tanto en las madres como en los neonatos.

Enrique Rascón Carrillo, resaltó que la situación de rezago de la zona serrana no es una situación nueva, sino de décadas, por lo que “se debe reconocer esta situación y buscar día a día aliviar las carencias de oportunidades y de alimentos, y llevar ventanas de esperanza y de oportunidad”.

Agregó que ayer se celebró la 12ª reunión con la Diócesis de la Tarahumara, a fin de entablar ese “compromiso y asumiendo la responsabilidad de las partes, así como mantener diálogo directo”, dijo el funcionario.

Autoridades eclesiásticas de Guachochi confirmaron que familias fueron desplazadas por la violencia que se suscitó en la comunidad de Santa Anita, en donde la iglesia del lugar recibió cientos de disparos de armas de fuego.

Ese día, un joven rarámuri de nombre Claudio murió en el interior del templo, luego de que al ser perseguido por pistoleros trató de refugiarse en el recinto religioso.

El hecho se registró luego de un enfrentamiento en la comunidad de Santa Anita entre grupos criminales del Cartel de Sinaloa, un brazo armado de “Los Salgueiro”, según informó el fiscal general del Estado, César Jáuregui.

Este jueves 8 de junio, el párroco de la parroquia de Guachochi, Enrique Urzúa, publicó una carta en la que llamó a los grupos de civiles armados y presuntos criminales que han sembrado el terror en el municipio y en la Sierra Tarahumara, a que dejen la violencia y escuchen la voz de Dios.

“El día de ayer, en nuestro templo parroquial una madre rarámuri y su familia llorando despidieron a su hijo Claudio, quien fuera asesinado el lunes y aquí mismo durante el día, llegaron algunas personas desplazadas de las comunidades de Santa Anita, El Rosado y Nacachi, para llorar ante nuestro Padre de misericordia”, expresó el párroco.

Autoridades estatales negaron que se tratara de un desplazamiento de pobladores en Santa Anita con motivo de la violencia y, por el contrario, el fiscal Jáuregui aseguró que se fueron de sus comunidades por falta de alimento.

Esta mañana, el Gobierno del Estado informó que la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó apoyos humanitarios para 400 familias de la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Guachochi.

Se informó que fueron entregados más de mil 200 apoyos, como colchonetas, cobijas y despensas con artículos de la canasta básica, a la población que más lo requiere en estos momentos.