La 67º Legislatura del Congreso Estatal exigió al Congreso de la Unión la creación de una Ley General de Seguridad Privada que regule a las empresas que se dediquen a ese giro en todo el país.
En particular, se debe someter a las personas que laboran en esas empresas a una normatividad sobre el uso de armas de fuego y portación de uniformes distintivos para evitar que se les confunda con agentes de seguridad pública o con “trasgresores de la paz social”.
“Es importante que el Congreso de la Unión expida esta ley, ya que no podemos dejar que pasen desapercibidas estas acciones que trasgreden la paz social, a causa de la falta de una legislación”; dijo el promotor de la iniciativa, diputado Gabriel García Cantú (PAN).
Señaló, ante integrantes de la Diputación Permanente, que las empresas de seguridad privada deben tener una regulación para obtener licencias colectivas para portar armas de fuego, de modo que éstas se usen exclusivamente en la prestación de servicios de vigilancia.
Mencionó que el 28 de mayo del año 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional que adiciona la fracción XXIII Bis, en la cual el Congreso de la Unión se otorga la facultad para expedir la Ley General de Seguridad Privada.
En el mismo decreto, se otorgan 180 días a fin de que se expida esta nueva ley, sin embargo, a la fecha, no se ha legislado al respecto, encontrándonos ante una vacatio legis.
Comentó que, en días pasados ocurrió un hecho en Ciudad Juárez donde se vieron personas con armas largas deambulando dentro de un establecimiento comercial, eran personas que se encontraban resguardando a un cliente de este negocio.
“El no portar uniforme y exhibir sus armas largas, ocasionó una intranquilidad y preocupación a los demás ciudadanos, ya que no se sabía si pertenecían a una institución de seguridad pública, si eran escoltas privados o bien, si eran enemigos de la paz”, dijo García Cantú.
Esto constituye un hecho grave, más aún cuando este exhibicionismo de armas se da dentro de establecimientos públicos en el cual asisten niñas, niños y adultos mayores, añadió.
Señaló que el derecho a la seguridad no debe de estar por encima de la paz social, algo que “cotidianamente sucede”.
Casos como los de las personas armadas que dan servicios de escolta rompen con la paz social cuando se comportan de manera altanera por la vía pública, inclusive dentro de establecimientos públicos, agregó.
Al no contar con una regulación, el actuar de esas personas hace que la población tema por su seguridad, ya que desconocen si quien las porta pertenece o no a alguna institución de seguridad pública, concluyó.
El decreto aprobado se enviará al Congreso de la Unión para que se analice y se haga el dictamen correspondiente.
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