Ven en expulsión de Conatrib una advertencia: la justicia pierde independencia

“La última defensa que tiene un ciudadano es el juez y el juez no debe ser temeroso”. Con esa advertencia, el exjuez Apolinar Juárez Castro explica lo que está en juego detrás de la expulsión de la Conatrib de la Unión Internacional de Magistrados: una pérdida de independencia judicial que, sostiene, termina por afectar a quienes acuden a los tribunales para defender sus derechos.

Su postura coincide con la del exjuez federal Ernesto Cornejo Ángeles y la del magistrado Marco Tulio Cano Corral, de la Primera Sala Penal. Consultados por Norte Digital, los tres justificaron la decisión del organismo internacional contra la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib), por considerar que su respaldo a la reforma judicial fue incompatible con los principios de independencia y apoliticidad exigidos a sus integrantes.

Para los entrevistados, las consecuencias van más allá del desprestigio institucional: alcanzan la autonomía con la que un juzgador debe resolver sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas.

El ciudadano frente a una justicia sin contrapesos

Juárez Castro sostuvo que la independencia judicial permite contener los excesos de los otros poderes y garantizar que las resoluciones respondan a las leyes y a los derechos humanos, no a intereses políticos.

Explicó que esa función se materializa en asuntos concretos de cualquier índole: civil, mercantil, laboral o penal. Es mediante una resolución judicial, señaló, como puede restringirse un derecho a una persona.

Por ello, consideró que la comunidad necesita tener la garantía de que quien resolverá su caso lo hará con autonomía e imparcialidad, sin proteger intereses de Estado o de partido.

“El juez debe ser íntegro, el juez debe resolver con conocimiento y convicción, lo cual ha sido mermado severamente”, afirmó.

Desde su perspectiva, la reforma abrió la puerta a intereses partidistas en la función jurisdiccional y debilitó la carrera judicial, al permitir el acceso de personas sin exigirles una trayectoria dentro de ella.

Como ejemplo, mencionó los llamados “acordeones” utilizados durante la elección judicial, “donde eran los mismos partidos políticos los que promovían el voto de los juzgadores”.

También sostuvo que la reforma hizo prácticamente ineficaz la Ley de Amparo sin modificar su texto, al colocar —según su valoración— a jueces que atienden intereses políticos en lugar de garantizar los derechos de la comunidad.

Una sanción que consideran la primera de otras

Cornejo Ángeles y Cano Corral consideraron que la expulsión de la Conatrib seguramente será la primera de varias condenas, algunas de carácter axiológico, es decir, relacionadas con los valores y principios de la función judicial.

Ambos anticiparon que podrían venir resoluciones de tribunales internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Yo creo que precisamente al vulnerarse con esa reforma la independencia judicial y las cláusulas pétreas de la Constitución, pues obviamente una unión internacional de magistrados no la puede avalar. Cuando ve que la Conatrib la avaló, pues no tiene otra más que criticar y votar su expulsión, como se hizo el sábado pasado”, sostuvo Cornejo Ángeles.

El exjuez federal calificó este tipo de decisiones como victorias morales para quienes mantienen su resistencia a la reforma.

Señaló que el daño no tardó en manifestarse y consideró que eventualmente tendrá que haber una recomposición en beneficio de la ciudadanía, de los “justiciables en un Estado democrático de derecho”.

A su juicio, la propia exigencia ciudadana deberá impulsar esa mejoría.

El costo de la exclusión internacional

Juárez Castro calificó como lamentable la expulsión y sostuvo que envía un mensaje a la comunidad internacional sobre la situación de la justicia mexicana.

En su opinión, la decisión refleja que “no hay una salvaguarda y defensa de la independencia del Poder Judicial”.

Recordó que la Unión Internacional de Magistrados data de 1953 y reúne a asociaciones de magistrados y jueces cuyo propósito central es garantizar, salvaguardar y defender la independencia judicial en el mundo.

Entre sus postulados, mencionó la apoliticidad y la defensa de la carrera judicial.

El exjuzgador señaló que la exclusión implica un desprestigio para México, “un veto de la reputación en relación con la forma de llevar a cabo la actividad jurisdiccional a nivel global”.

Añadió que la Conatrib pierde voz y voto en las sesiones de la asociación, así como espacios de participación en el intercambio de buenas prácticas profesionales, capacitaciones y programas para el desarrollo de la función jurisdiccional.

Para Juárez Castro, la decisión también cuestiona la postura que asumió la organización mexicana frente a la reforma.

Sostuvo que, en lugar de encabezar una defensa de la autonomía y la carrera judicial, la Conatrib respaldó una modificación que, desde su perspectiva, tuvo fines políticos y no estuvo orientada a mejorar la impartición de justicia.

Afirmó que el propósito fue subordinar al Poder Judicial a la voluntad de los otros dos poderes.

La carrera judicial como garantía

Al referirse a Chihuahua, Juárez Castro señaló que la renovación de la totalidad de los cargos judiciales mediante elección popular desplazó a los jueces de carrera.

Consideró que una de las garantías que conserva la comunidad es que algunos de los nuevos juzgadores cuentan con experiencia previa en la carrera judicial y lograron permanecer mediante el proceso electoral.

Son quienes, dijo, “dan luz, dan garantía a la manera de ejercer esta función tan loable”.

“No digo tampoco que los demás no puedan tener esta ética, pero el atender a intereses de partido, el atender a intereses ajenos a la función jurisdiccional, pues genera ausencia de autonomía y lesión de derechos humanos”, expresó.

También cuestionó el papel de los órganos de disciplina, al considerar que pueden convertirse en instrumentos de presión contra los juzgadores.

“Actualmente, lamentablemente vemos cómo es que, por temor a las represalias, ya de persecución que trae la misma reforma, porque ponen a entes políticos también —como son los órganos de disciplina— a perseguir a juzgadores que actúan contra el régimen, contra la clase política existente”, indicó.

A su juicio, ese temor lesiona la autonomía necesaria para resolver los asuntos con conocimiento y convicción.

Cuestiona la preparación de jueces y legisladores

Juárez Castro sostuvo que la reforma debió establecer filtros rigurosos de conocimientos para acceder a los cargos judiciales.

Criticó que la Conatrib se limitara a exigir que los futuros juzgadores fueran abogados, sin defender la carrera judicial ni impulsar mecanismos previos de evaluación, como exámenes rigurosos.

Añadió que la exigencia de preparación también debería alcanzar a diputados y senadores.

“¡Cómo es posible que personas que alcanzan un escaño para crear y modificar leyes desconozcan totalmente el proceso legislativo!”, expresó.

Cuestionó que en las tribunas legislativas predominen las agresiones, las descalificaciones y los insultos sobre la discusión de las consecuencias que una ley tendrá para la comunidad.

También rechazó que el argumento de la soberanía popular se utilice para justificar el debilitamiento de los contrapesos.

Al referirse a los artículos 39 y 41 de la Constitución, sostuvo que el ejercicio de la soberanía debe entenderse mediante los tres poderes de la Unión, no únicamente a través de uno o dos.

Dentro de ese equilibrio, insistió, el Poder Judicial debe contener el desborde de los otros poderes y aplicar las leyes con base en el orden jurídico y la protección de los derechos humanos.

Una advertencia que llega hasta los tribunales

Para Juárez Castro, la expulsión de la Conatrib representa un señalamiento internacional sobre el rumbo del país y el debilitamiento de las garantías judiciales.

“Vamos por un camino hacia tipos de gobiernos absolutistas, donde el contrapeso de los poderes se está desvaneciendo a pasos acelerados y hasta ahorita no lo dimensiona la comunidad, hasta en tanto no se vean involucrados en un proceso jurisdiccional que afecte a sus familias, a sus derechos”, afirmó.

Consideró que la Conatrib, al no encabezar una defensa de la autonomía judicial, pasó a formar parte del mismo problema.

Advirtió, además, que este tipo de pronunciamientos puede tener repercusiones económicas y afectar las evaluaciones internacionales de México.

El costo más cercano para la ciudadanía, insistió, está en los tribunales: en la posibilidad de que la persona encargada de resolver sobre sus derechos lo haga bajo intereses o presiones ajenos a la justicia.