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Chihuahua y Ciudad Juárez lograron notables mejorías en materia de percepción de seguridad de parte de sus habitantes, según lo demuestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) correspondiente al segundo trimestre del año.

Juárez bajó en seis puntos porcentuales su percepción de inseguridad en el período de abril a junio del presente año en comparación con el de enero a marzo, al pasar de 69.1 % ciudadanos que dijeron sentirse inseguros durante la primera parte del 2026, a un 63.7 en la segunda.

En cuanto a la capital, la mejora fue de tres puntos, al pasar de 47.5 por ciento de ciudadanos con percepción de inseguridad entre enero y marzo, a un 44.5 por ciento en abril a junio.

Mientras Chihuahua se ubicó con un porcentaje de inseguridad menor al promedio nacional, Juárez tres puntos por encima de esa cifra.

Según la ENSU, en junio de 2026, de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas (ciudades) de interés, el 59.8 % consideró que era inseguro vivir en su ciudad.

“Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en relación con los porcentajes que se registraron en marzo de 2026 (61.5) y en junio de 2025 (63.2)”, dice la ENSU.

En cuanto a los sitios donde la gente se sintió más insegura, el Cajero automático mantuvo el primer lugar, con un 70.3 por ciento de encuestados que manifestaron esa percepción, seguido por la calle, con un 63.4 y el transporte público, con un 62.4 por ciento.

En cambio, la Escuela fue el sitio más seguro, pues solo el 14.3 por ciento se sintió amenazado por la comisión de algún delito; le sigue la Casa, con un 15.8 por ciento y el trabajo, con un 26.7 por ciento.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, encabezó este jueves un operativo de vigilancia y rastreo en el municipio de Guadalupe y Calvo, como parte de las acciones para reforzar la presencia policial en la región serrana y dar seguimiento a objetivos considerados prioritarios.

Las labores iniciaron desde las primeras horas del día con una reunión de planeación operativa entre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y el personal desplegado de manera permanente en esa zona del sur de la entidad.

Tras la sesión de coordinación, los elementos comenzaron recorridos de vigilancia y proximidad en distintos sectores del municipio, con el propósito de fortalecer la presencia institucional y atender reportes de la población.

El operativo tuvo lugar días después del hallazgo en Guadalupe y Calvo de un vehículo de la empresa paraestatal Diconsa con tres cuerpos de personas víctimas de homicidio.

De acuerdo con la dependencia, la información recabada previamente mediante trabajos de inteligencia y entrevistas con habitantes permitió realizar un rastreo táctico por brechas específicas, en un convoy encabezado por el propio Loya Chávez.

Durante la jornada, el secretario también supervisó de manera directa diversos puntos considerados estratégicos para la seguridad, entre ellos campamentos y parapetos presuntamente utilizados por integrantes de grupos delictivos, con el fin de evaluar las condiciones del terreno y ajustar la estrategia operativa en la región.

Como parte del despliegue, personal de la SSPE efectuó entrevistas con habitantes para obtener información relacionada con hechos violentos recientes y fortalecer las labores de inteligencia en esa zona de la Sierra Tarahumara.

La dependencia informó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para mantener presencia policial, reforzar la coordinación táctica y contribuir a las condiciones de seguridad para la población de Guadalupe y Calvo.

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, acusó a las diputadas y diputados del PAN de impulsar una reforma a la Ley de Bienes del Estado que eliminaría la obligación de que el Poder Legislativo autorice la venta de terrenos propiedad del Gobierno estatal.

El legislador juarense afirmó que, de aprobarse la iniciativa, la gobernadora Maru Campos podría disponer de inmuebles del dominio privado del Estado sin que exista discusión pública, dictamen o votación por parte del Congreso.

“Las diputadas y diputados del PAN pretenden dejarle a la gobernadora un regalo de despedida: la posibilidad de vender patrimonio de las y los chihuahuenses sin el control que hoy establece la ley”, declaró.

Estrada sostuvo que la propuesta resulta especialmente preocupante porque se presenta en la etapa final de la actual administración estatal.

“Van por el año de Hidalgo”, expresó.

El diputado aseguró que la modificación planteada no representa un simple ajuste administrativo, sino un cambio en el equilibrio entre los poderes públicos.

“No es un cambio administrativo; es una transferencia de poder. Lo que buscan es que la gobernadora decida sola qué terreno vender, a quién venderlo y en qué condiciones, sin que exista un órgano que revise si esa operación beneficia o perjudica al interés público”, afirmó.

Explicó que la autorización del Congreso para la enajenación de bienes estatales constituye un mecanismo de rendición de cuentas que obliga a transparentar el destino del patrimonio público, las condiciones de su venta y el interés colectivo que justifica cada operación.

“Cuando se elimina un contrapeso institucional, no se agiliza el gobierno; se reduce la capacidad de vigilancia de la sociedad”, señaló.

El coordinador parlamentario de Morena llamó a las demás fuerzas políticas a rechazar la iniciativa, al considerar que rompe el equilibrio entre poderes y abre la puerta a que decisiones sobre el patrimonio estatal se tomen sin supervisión democrática.

“Los terrenos del Estado no pertenecen a un gobierno en turno; pertenecen a las y los chihuahuenses. Por eso su destino debe discutirse de cara a la ciudadanía y no resolverse desde una sola oficina”, concluyó.

Washington — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la mayor operación de sanciones jamás realizada contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), afectando a más de 50 personas y empresas vinculadas al grupo en varios estados de México.

Entre los principales objetivos destaca Juan Carlos González, alias “Pelón”, nuevo líder del cártel tras la muerte de “El Mencho” en febrero de 2026. González tiene doble nacionalidad mexico-estadounidense y una recompensa de hasta 5 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “Los cárteles terroristas serán desmantelados. Hoy golpeamos su liderazgo, financiadores y redes criminales, cortando los recursos que usan para traficar fentanilo y amenazar vidas estadounidenses”.

Presencia del CJNG en Chihuahua

Según el gobierno de Estados Unidos, el CJNG mantiene presencia operativa en Chihuahua, además de sus bastiones tradicionales. Esta expansión refleja la capacidad del cártel para extender su influencia hacia el norte del país, cerca de la frontera con Texas y Nuevo México, lo que facilita sus rutas de tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense.

El huachicol como pilar económico del CJNG

Una de las novedades más relevantes de esta acción es el fuerte énfasis puesto por el Tesoro en el huachicol (robo y contrabando de combustible), una actividad que se ha consolidado como una importante fuente de ingresos paralela al narcotráfico.

Varios operadores sancionados hoy combinan el tráfico de fentanilo con el robo de gasolina y diésel en regiones controladas por el cártel. Destaca el caso de Alma Laura Mena Alvarado y su esposo José Mora León, quienes controlan empresas de logística y extracción petrolera utilizadas tanto para desviar fentanilo líquido como para extraer y robar gasolina en zonas dominadas por el CJNG.

Asimismo, Gerardo Botello Rozález, alias “El Cachas”, miembro senior del cártel, es señalado por haber supervisado operaciones de huachicol en Michoacán y otras regiones. Sus familiares y socios operan empresas fachada, incluyendo una compañía de seguridad privada con licencia para portar armas.

El Tesoro subrayó que el CJNG genera miles de millones de dólares en pérdidas al erario mexicano a través del robo sistemático de hidrocarburos. Esta diversificación criminal le permite al cártel mantener liquidez incluso cuando sus rutas principales de droga son afectadas. Esta es la segunda acción importante en menos de un mes contra las redes de combustible del CJNG.

Otras redes golpeadas

Las sanciones también impactan:

Redes familiares que blanquean y protegen activos ilícitos en estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
Células de producción y distribución de fentanilo, metanfetamina y cocaína.
Una red profesional de lavadores de dinero con base en Zapopan y Guadalajara.

Las designaciones incluyen gasolineras (Petrocoda), productoras de tequila, constructoras, licorerías y compañías agrícolas que funcionan como fachada para las operaciones del cártel.