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Autoridades federales aseguraron una presunta refinería clandestina en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron localizados 3 millones 769 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita, además de una amplia infraestructura utilizada para el procesamiento, almacenamiento y transporte de combustible.

El operativo fue realizado de manera conjunta por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes intervinieron un predio industrial en el municipio fronterizo.

Durante la inspección fueron asegurados siete tanques fijos de almacenamiento, 11 tanques móviles, siete pipas, seis tractocamiones, 21 cubitanques, ocho motobombas, tres plantas generadoras de energía, una red de tuberías, equipo de cómputo y otros implementos presuntamente utilizados para el manejo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con las autoridades, el sitio operaba con infraestructura especializada para el tratamiento de combustibles, por lo que quedó bajo resguardo federal mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar el origen del hidrocarburo asegurado, identificar a los responsables y establecer si el combustible provenía de actividades relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas derivadas de este operativo, considerado uno de los aseguramientos más importantes de combustible ilícito registrados recientemente en el país.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra Óscar “N”, por su presunta responsabilidad en delitos contra la seguridad energética y el patrimonio de la Nación, relacionados con el transporte de 32 mil 130 litros de hidrocarburo de dudosa procedencia.

Tras una audiencia inicial, la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio calificó como legal la detención y resolvió vincularlo a proceso por los delitos en materia de hidrocarburos.

Además, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó datos de prueba sobre la probable comisión del delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

La jueza impuso a Óscar “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que fue internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Estatal número 1, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el detenido fue asegurado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mientras circulaba a bordo de un tractocamión con remolque tipo cisterna en el ejido Estación Terrazas, sobre la carretera Chihuahua-Juárez, en la capital del estado.

En el vehículo transportaba los 32 mil 130 litros de hidrocarburo y no presentó documentación que acreditara la legal procedencia del combustible ni la posesión del tractocamión y remolque.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Activistas juarenses solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto del Congreso de Chihuahua que sepultó la posibilidad de la elección directa y por demarcación territorial de las regidurías.

El documento entregado a la CNDH en el que se solicita – con carácter de urgente- el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 105 fracción II, inciso g de la Constitución Política de México para promover acción inconstitucionalidad, fue firmada por el ciudadano Abelamar Chacón, responsable de Contraloría Social de Plan Estratégico de. Ciudad Juárez.

El decreto que derogó las disposiciones transitorias de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua relativas a la elección directa de regidurías por demarcación territorial, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2026.

La denuncia busca que la Corte tome en cuenta que con las reformas electorales realizadas en Chihuahua hubo una afectación directa a varios derechos humanos.

Primeramente, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la ejecución de las sentencias (artículos 17 y 1° de la Constitución Federal; artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en tanto el Poder Legislativo, en vez de cumplir una resolución jurisdiccional firme, derogó la norma que originaba la obligación declarada judicialmente.

Abelamar Chacón recordó que la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua del 31 de marzo de 2026 ordenó al Congreso del Estado corregir una omisión legislativa, de acuerdo con lo que establecían los transitorios para que se hiciera efectivo el nuevo mecanismo de elección.

Agregó que en lugar de cumplir la norma, se derogaron los transitorios y en ningún momento se sancionó el incumplimiento.

Indicó que cuando es el propio Congreso quien incumple una sentencia electoral firme, el sistema chihuahuense no tiene, en los hechos, ninguna forma de hacerlo cumplir.

“No es que el Tribunal no haya querido actuar, es que la ley no le dio las herramientas para hacerlo frente a este sujeto en particular”, señaló el peticionario.

Consideró que esa ausencia de un mecanismo de ejecución real es, precisamente, lo que da sustento a acudir no únicamente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también ante a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.

“El derecho a la justicia no se agota en obtener una sentencia favorable; incluye el derecho a que esa sentencia se cumpla. Cuando el sistema local no ofrece un recurso efectivo para lograrlo, corresponde que un organismo externo valore si debe intervenir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló Chacón.

Otra violación denunciada es lo ocurrido frente al principio de no regresividad de los derechos humanos (artículo 1°, párrafo tercero, constitucional), al suprimirse un mecanismo de participación política —la elección directa de regidurías por demarcación territorial— cuya implementación ya había sido ordenada por una autoridad jurisdiccional electoral.

El texto entregado a la CNDH también hace alusión a los derechos político-electorales de la ciudadanía chihuahuense (artículo 35 constitucional), en su vertiente de acceso efectivo a cargos de elección popular mediante el mecanismo de representación territorial ya reconocido judicialmente.

Abelamar Chacón solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en caso de que por razones de tiempo administrativo, no sea posible presentar la acción de inconstitucionalidad, quede constancia expresa de la recepción y contenido de la petición.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Centro localizaron sano y salvo al menor de iniciales H.A.E., de 12 años de edad, quien contaba con un reporte de ausencia interpuesto desde el 16 de noviembre de 2023 en el estado de Zacatecas, cuando tenía 9 años.

El menor fue encontrado el pasado 21 de julio en un domicilio de la colonia Sector 3, en la ciudad de Chihuahua. Su localización fue posible gracias a los mecanismos de colaboración interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado de Zacatecas y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La Fiscalía de Chihuahua no proporcionó detalles sobre las circunstancias en las que se encontraba el menor, ni en compañía de quién fue localizado, ni las razones de su ausencia de más de dos años y medio.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) había emitido una cédula de búsqueda en la que solicitaba apoyo para localizar a Harold Alberto Escareño, de nueve años de edad, y a Gustavo Alberto Pleites Canales, de 37 años, ambos reportados como no localizados en Zacatecas, Zacatecas, pero no en 2023, sino desde el 22 de julio de 2022.

Hasta el momento, las autoridades de Chihuahua no han confirmado si se trata del mismo menor mencionado en la cédula de búsqueda de Zacatecas o de un caso con características similares. El menor ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades correspondientes.