La agrupación “Alianza primero de junio” presentó un recurso ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para impugnar la elección de ocho magistrados electos, al considerar que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley e, incluso, en la Constitución del estado.
Entre las razones para cuestionar su llegada al máximo tribunal del estado, señalan que algunos de ellos no cumplieron con el requisito de tener al menos un 8 de promedio en su calificación escolar.
Otros, fueron inscritos como candidatos de manera directa, sin pasar por los procesos de selección establecidos en la convocatoria, pese a que no tenían la antigüedad necesaria para tener ese beneficio.
Los impugnados son Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, Emmanuel Chávez Chávez, Gerardo Javier Acosta Barrera y Marcela Herrera Sandoval.
“Advertimos con alarma el arribo a estos cargos de personas cuyos perfiles no fueron examinados rigurosamente conforme a los requisitos constitucionales de elegibilidad”, dice el comunicado emitido por la mencionada agrupación.
Pasaron “de panzazo”
Entre las impugnaciones, señalan que Rubén Aguilar Gil, Nyria Janette Trevizo Rivera y Cristina Guadalupe Sandoval Holguín no reúnen el requisito de contar con un promedio académico igual o superior a 8.
Además, al ya mencionado Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín y Emmanuel Chávez Chávez, se les exentó “indebidamente” de acreditar los requisitos legales por el solo hecho de ocupar cargos de secretaría de acuerdos en salas vacantes, sin ser magistradas o magistrados en funciones.
El mismo Aguilar Gil, así como José Luis Chacón Rodríguez y Gloria Angélica Mendoza Beltrán, no cuentan con experiencia comprobada de al menos tres años en la materia correspondiente a la magistratura por la que fueron electos.
Cabe destacar que tanto Rubén Aguilar Gil como Gloria Angélica Mendoza Beltrán fueron designados como secretarios de acuerdos durante el desarrollo del proceso electoral.
Esto “no solo evidencia un uso estratégico e indebido de dichos nombramientos, sino que apunta de manera directa a la utilización de cargos públicos para cometer fraude electoral”.
En cuanto a Gerardo Javier Acosta Barrera, aun siendo magistrado en funciones, se ha difundido información que hace presumir que tampoco cumple con el requisito del promedio académico mínimo.
Finalmente, en el caso de Marcela Herrera Sandoval, carece del perfil para el cargo, pues su trayectoria se limita al ámbito académico y administrativo, lo que representa un riesgo para la adecuada impartición de justicia en una materia tan sensible como lo es la familiar.
El recurso llegó al TEE el pasado 18 de junio, cuatro días después de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) emitiera las constancias de mayoría a los magistrados ganadores.
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