Primera parte
En entrevista con Norte Digital la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta, advirtió que el próximo Poder Judicial del Estado habría quedado en manos de personas que ganaron en la pasada elección con el patrocinio de grupos políticos y de organizaciones criminales.
A cinco días de entregar el cargo y de terminar, como lo describe ella, “con una historia de 200 años del Poder Judicial de Chihuahua”, la magistrada acusó que la reciente elección de jueces y magistrados mediante voto ciudadano representa un grave riesgo de fractura en la impartición de justicia.
El Poder Judicial ha quedado expuesto a presiones externas de carácter político y delictivo, advirtió. Tanto, que hubo jueces que renunciaron a participar en el proceso 2025 por negarse a recibir patrocinio de organizaciones delictivas, dijo.
“Algunos jueces vinieron a decir: ‘No, pues yo mejor renuncio porque me están amenazando, que si no me patrocinan ellos o ponen ellos a alguien, me van a matar. Yo mejor me quisiera ir’, y tuvimos que hacer movimientos”, comentó.
“Si sucede en otras elecciones más controladas, también sucedió aquí”, remató.
Entrega sin receptor
En entrevista, Hernández Acosta señaló que el Poder Judicial se encuentra preparado para la transición, gracias a los enlaces y capacitaciones impulsados por la Contraloría y diversas oficinas regionales.
Sin embargo, admitió que aún falta definir quiénes asumirán formalmente los cargos para garantizar una entrega ordenada.
Mencionó que ella, en su posición de presidenta, ha debido asumir una serie de funciones que corresponderían a otras áreas administrativas, porque no existía, ni existe, una estructura para hacer un cambio de la magnitud que se avecina.
“Internamente, se dieron muchos procedimientos, muchos ceses, muchas revocaciones, incluso algunas consignaciones al Ministerio Público, y eso es lo que el Tribunal de Disciplina tendrá que hacer de ahora en adelante. Para eso fueron electos, esa es su función”, dijo.
Todas esas unidades que pertenecían a la atribución de la presidencia se trasladan completas al órgano de disciplina y trabajarán de la mano como lo han venido haciendo.
No obstante, ese riesgo administrativo, para la actual presidenta la principal amenaza es la entrada de actores externos a las funciones judiciales.
“La crisis a la que podemos llegar si se compromete la independencia judicial es seria, porque algunos candidatos pudieron haber adquirido compromisos políticos o personales que no podrán cumplir desde un juzgado o una sala”, advirtió.
Un Poder Judicial vulnerable
Hernández Acosta subrayó que el nuevo esquema abrió la puerta a riesgos que antes ya existían, pero que ahora se incrementan.
“En algunas localidades todos saben quiénes son los dueños del pueblo y metieron la mano en las campañas. ¿Pero cómo les cumples después si el juez está obligado a aplicar la ley?”, cuestionó.
A su juicio, este escenario puede generar compromisos imposibles de sostener y comprometer la independencia de los nuevos juzgadores. “Entrarán con un grado de riesgo muy alto”, enfatizó.
“Nos habíamos mantenido medianamente protegidos, nos habíamos blindado en lo posible, pero esta apertura abre ese riesgo. No porque no existiera antes, pero ahora se les dio la posibilidad de dar un paso más hacia dentro. Se abrió la puerta, y con eso se abrieron esos riesgos”, concluyó.
Disciplina y control interno
La presidenta explicó que el Tribunal de Disciplina tendrá un papel fundamental en los próximos años, pues absorberá atribuciones de control que antes dependían de la Presidencia del TSJ.
“Las áreas de visitaduría, responsabilidades, contraloría y mecanismos de vigilancia seguirán operando, pero ahora bajo la supervisión del Tribunal de Disciplina. Esa es su función: sancionar y destituir, cuando sea necesario, a quienes no cumplan con la labor judicial”, indicó.
Finalmente, Hernández Acosta defendió que durante su gestión ya se habían aplicado procedimientos internos, ceses y hasta consignaciones al Ministerio Público, aunque no siempre se hicieran públicos. “La disciplina continuará; quienes no tengan que estar en el Poder Judicial se tendrán que ir”, concluyó.
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