activista

La gobernadora Maru Campos Galván lamentó el feminicidio de la activista Karina Domínguez Rubio y aseguró que se reunirá con su familia.

“Lamentamos, por supuesto, estos hechos y estamos investigando en Ciudad Juárez. Lo que sucede, desde hace muchos años, es la explotación de nuestras mujeres, una explotación muy dura que sucede por redes de tráfico de personas, de mujeres, de niños y esto va de la mano también con el tema migratorio”, puntualizó.

“Hoy en la mañana –agregó-, decía una servidora que justamente ser un gobierno humanista y ser un gobierno de Derechos Humanos, realmente es cuidar a los migrantes, no dejarlos que tengan el riesgo de caer en manos del crimen organizado”.

La gobernadora destacó que mujeres como Karina sobresalgan y se pongan en pie de lucha en defensa de las mujeres; “nosotros las apoyamos, pero necesitamos también del apoyo y uso de la fuerza del Gobierno Federal, porque se trata de redes de trata de personas internacionales”.

Luis Andrés Rivera Levario, dirigente de Salvemos los Cerros, hizo pública la denuncia en la página oficial de Facebook: “una mujer adulto mayor, compañera del comité en el cerro (del) Coronel fue agredida por cholos. Toda agresión será denunciada”.

En entrevista añadió, que la agresión se dio en la madrugada de hoy en la casa de la señora (bajo reserva de identidad), “donde amenazaron a más mujeres y adultos mayores que forman parte del comité, debido a que desde hace años hemos organizado la defensa del área natural en conjunto con el comité vecinal”.

Rivera Levario explicó que desde hace más de 3 años su colectivo, en colaboración con vecinos de esa colonia y sus alrededores, mayoritariamente indígenas, frenaron la venta ilegal de terrenos en esa zona.

“Estos grupos delictivos han boicoteado nuestro trabajo y quieren aprovecharse de nuestros logros; no quieren, obviamente, que eso pase para poder seguir vendiendo terrenos y extorsionando a la gente”, señaló el ambientalista.

Rivera Levario manifestó que ya son varias las agresiones que ocasionan esos delincuentes a quienes conforman el comité vecinal de Salvemos los Cerros en la Rubén Jaramillo.

“Ya hemos interpuesto diversas denuncias ante Seguridad Pública, pero sin resultados y si siguen estas agresiones, nos hacen temer por la integridad de nuestros miembros”, agregó.

Salvemos los Cerros logró el reconocimiento de este asentamiento, y gracias a gestiones en conjunto con los vecinos se logró la instalación de la red de electrificación y la introducción de servicios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento; así como exhortos y avances legales para que se declare el área natural protegida del Cerro Coronel Guaguachic.

La “Ley 3 de 3” que imposibilita a quienes ejercen cualquier tipo de violencia de género para ocupar cargos públicos, es un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, dijo Marta González Rentería, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua.

González Rentería advirtió que ahora se deberá trabajar para que la ley se implemente y se respete.

“Depende de las mujeres que conocen la importancia de garantizar la justicia, de velar porque esto no se convierta en una ley muerta. Debemos estar pendientes no solo del tema electoral, sino de los funcionarios”, expresó.

Agregó que las leyes proporcionan herramientas para poder manifestar y denunciar a quienes ostentan un cargo público y tienen una sentencia por violencia, o que son deudores de pensión alimenticia.

Chihuahua es la entidad número 14 en aprobar la reforma constitucional y solo restarían tres entidades más para que entre en vigor.

Previamente habían aprobado la iniciativa: Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Colima, Coahuila, Morelos, Tlaxcala y Baja California Sur.

“México está dando un paso para garantizar el acceso de la justicia a las mujeres con esto que está sucediendo”, indicó la coordinadora.

La iniciativa reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución, para suspender los derechos políticos de aquellas personas deudoras de pensión alimenticia, acosadores sexuales y agresores familiares.

Es conocida como “Ley 3 de 3”, por ser una reforma transversal y que actúa en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal y, en los 3 poderes: judicial, legislativo y ejecutivo.

Luis Enrique M. G. alias “El Chulina” quedó oficialmente vinculado a proceso por su posible coautoría en el delito de desaparición cometida en perjuicio del fallecido activista Cruz Soto Caraveo.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, informó que un Juez del Distrito Judicial Guerrero ordenó que el procesado permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, al Ministerio Público se le otorgó un periodo de dos meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias.

Las pruebas ofrecidas por la Unidad de Investigación de Desaparición Forzada, demostraron la posible participación del imputado como una de las personas que el 13 de octubre de 2019 interceptaron a la víctima, en una brecha que conduce de la comunidad de Témoris a Los Llanos, en el municipio de Guazapares.

Posteriormente, lo llevaron a otro lugar en donde lo mantuvieron en cautiverio y lo asesinaron.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía implementó una serie de trabajos con los que desarticuló una célula criminal que operaba en la zona y tenía participación en casos de desplazamiento forzoso como fue el de Soto Caraveo.

En torno a estos hechos han sido condenadas tres personas, entre ellas, quien fungía como director de la policía municipal de Guazapares, al momento de los hechos, como responsable de facilitar la ubicación de la víctima y otras dos vinculadas a proceso.

Cabe señalar que durante las indagatorias se detectó la coparticipación de seis personas y a la fecha queda solo una orden de aprehensión pendiente de ejecutar.