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La activista identificada como Mayté Regina Gardea González, pidió a las autoridades estatales que le brinden seguridad personal, luego de que personas armadas dispararon contra miembros de su familia el pasado 24 de diciembre, tras un incidente relacionado con un supuesto robo de leña.

De acuerdo al reporte inicial, las víctimas habrían reclamado por el robo de madera y en respuesta les habrían disparado con armas de fuego a la vivienda y a una camioneta, sin que hayan resultado personas lesionadas.

En redes sociales, la activista hizo el llamado para que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y a la Secretaría de Seguridad Pública para que se dé la implementación inmediata de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física de Mayté Regina Gardea y su familia.

La justificación que dio es que desde el año 2009, ha acompañado a la comunidad de Majimachi, Bocoyna, ante el despojo de su propiedad ejidal y no descarta que la agresión de hace unos días pudiera tener relación también con su activismo.

Asimismo, a través de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., se solicitó la intervención urgente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “debido a que el riesgo es directo y derivado de su labor de acompañamiento”.

En redes sociales, Gardea González señaló como presuntos autores intelectuales y materiales del ataque a su familia, a las siguientes personas: Jorge Alan G. M., Abelardo G. y Jack Abelardo G. M.

También se exigió a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave) brindar acompañamiento integral, apoyo en gastos de emergencia y condiciones dignas de seguridad para la familia desplazada de su comunidad de origen.

Alrededor de 45 trabajadoras sexuales recibieron esta semana, paquetes de condones, toallas sanitarias y lubricantes, como parte de la prevención y atención a las infecciones de transmisión sexual.

La activista trans Mayte Regina Gardea informó que se entregaron en la calle 12 y Victoria, Décima y Julián Carrillo, así como en lo particular, a chicas que se dedican al trabajo sexual por internet a través de aplicaciones de encuentros sexuales.

Mayte Regina dijo que las jornadas de entrega de condones se hacen para fomentar el uso adecuado de condón, que sirve como método para evitar y erradicar el Vih/Sida en la entidad, así como otras infecciones como la clamidia, sífilis, entre otras.

De acuerdo al IMSS, se ha demostrado que el condón es en la actualidad uno de los métodos más efectivos para la prevención de infecciones, aunado a embarazos no deseados.

Una activista fue detenida el sábado por pegar un cartel adhesivo sobre un cuadro de Monet en el Museo de Orsay de París para llamar la atención sobre el calentamiento global, indicó a la AFP una fuente policial.

En un vídeo publicado en la red social X se ve a la mujer, miembro de “Riposte Alimentaire” (Respuesta Alimentaria) –un grupo de activistas medioambientales y defensores de la producción sostenible de alimentos–, poner una pegatina roja sobre el cuadro “Coquelicots” (Amapolas) de Claude Monet, pintor impresionista francés.

“Esta imagen de pesadilla es lo que nos espera si no se pone en marcha ninguna alternativa”, afirma la activista en el vídeo, refiriéndose a la pegatina que muestra un paisaje apocalíptico en llamas.

El cuadro de Monet, terminado en 1873 y que muestra a personas con sombrillas paseando por un campo de amapolas, no estaba protegido por un cristal.

“Tras ser examinada y tratada por una restauradora, la obra volvió a colgarse”, declaró a la AFP la dirección del museo, que anunció su intención de querellarse.

Riposte Alimentaire ha reivindicado la autoría de varios ataques contra obras de arte en un intento de llamar la atención sobre la crisis climática.

Estos incluyen ataques con sopa a la Gioconda del Louvre y a otro cuadro de Monet, “Primavera”, en el Museo de Bellas Artes de Lyon en febrero.

El mes pasado, activistas del grupo pegaron octavillas alrededor de “La Libertad guiando al pueblo”, un cuadro de Eugène Delacroix en el Louvre.

En abril, dos de sus miembros fueron detenidos en el Museo de Orsay, ante la sospecha de que preparaban una acción.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, informó a través de un comunicado de prensa que por medio de un procedimiento especial abreviado, se obtuvo una sentencia de 13 años y dos meses de prisión que se le impuso a uno de los implicados en la desaparición del defensor Cruz Soto Caraveo.

De acuerdo con la documentación del caso, el sentenciado identificado como Luis Enrique M. G., alias “El Chulinas”, era integrante de la célula criminal que interceptó al activista social aproximadamente a las 14:00 horas del 13 de octubre de 2019, en una brecha que conduce de Témoris a Los Llanos.

Con base en los datos obtenidos durante las indagatorias, se estableció que las cuatro personas previamente sentenciadas y el propio Luis Enrique M. G., se repartieron diferentes roles y funciones con el fin de mantener oculto por aproximadamente siete días al representante del colectivo “Familias Desplazadas Forzosamente de la Sierra Tarahumara”, se indicó.

Los sentenciados en este caso son: Paulino M. R.; Samuel Alejandro B. G.; Fernando F. C. alias “El Cuervo”; Ismael Q. A. alias “Mayel”, y se les suma Luis Enrique M. G., alias “El Chulinas”, con la sentencia de 13 años de prisión, añade el reporte.

Aunado a lo anterior, el equipo de la Unidad de Investigación de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, descubrió que previo a la desaparición, el ex Director de Seguridad Pública Municipal de Témoris, Paulino M. R., fue quien ordenó a elementos de la misma corporación que buscaran a la víctima y posteriormente, facilitó información sobre su ubicación al grupo criminal, se dio a conocer.

Para el mes de abril de 2023, el Ministerio Público informó al imputado los antecedentes de investigación y presentó formalmente la imputación en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares.

En apego al debido proceso, el imputado admitió voluntariamente la responsabilidad penal por los hechos que se le imputaron y solicitó su sentencia a través de un procedimiento especial abreviado que concluyó este día.

La sentencia contempla una multa de 329 mil 251 pesos, más una sanción económica de 625 mil 700 pesos por concepto de gastos funerarios y daños materiales, así como una suma adicional que se determinará en la etapa de ejecución de sentencia por concepto del daño moral.

Para la reparación integral del daño, se determinó que el sentenciado deberá cumplir con las medidas de rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición establecidas en la Constitución Política y la Ley General de Víctimas, concluye el comunicado.