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“Lo volvería a hacer 10 veces porque soy un funcionario público comprometido con la sociedad”, dijo Eduardo F. H., el exsecretario de Salud acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades en torno a la contratación de un crédito por 401 millones 364 mil 155 pesos de la institución financiera Bansi para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

El exfuncionario de la administración de Javier Corral fijó su posicionamiento en la continuación de la audiencia inicial que se realizó hoy en la Ciudad Judicial.

Aseguró que a dos años de la emergencia sanitaria es muy fácil hablar de lo que pasó; sin embargo, dijo que “las únicas personas que sabemos lo que pasó hace dos años fueron los 32 secretarios de Salud, que trabajaban al menos 14 horas diarias para que la gente literalmente no muriera”.

El exsecretario destacó que su llegada a la función pública se dio por la muerte de su antecesor, Enrique Grajeda, quien perdió la vida por Covid-19.

“Encuentro una situación caótica en términos presupuestales y teníamos la amenaza de las enfermeras de cerrar los hospitales si no les dábamos medicamentos, por lo que se tomaron decisiones de forma coordinada con el Consejo de Salud”, explicó.

El exfuncionario señaló que dentro de los problemas que enfrentó fue la falta de recursos para la compra de insumos médicos o medicinas. 

El imputado señaló que esto “evidentemente no tiene nada que ver con este juicio, pero pasó ante esa situación, mi consejo me autoriza a hacer esta operación que significó salvar muchas vidas”.

Recordó que el personal se encontraba dispuesto a cerrar hospitales porque no se atrevía a trabajar sin material de protección.

Dijo que jamás había trabajado en el ejercicio público ya que cuenta con ingresos por sus actividades privadas.

Agregó que colaboró en la administración estatal como un servicio de la comunidad, con todo el riesgo que puede implicar una decisión de este tipo.

La audiencia masiva en contra de ejecutivos de la empresa Aras Invesment Business Group se suspendió, luego de tres horas de iniciada en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Felipe Acosta, abogado de algunas víctimas, dijo que la suspensión se presentó debido a los amparos promovidos por Aras con el fin de no se llegue al juicio para evitar cumplir con los pagos a los afectados del fraude financiero.

No se fijó fecha para la audiencia en que se deberían de atender los casos de más 400 afectados en este caso de fraude y asociación delictuosa.

El litigante señaló que la Fiscalía General del Estado no quiere liberar los bienes que fueron confiscados a la financiera.

Explicó que debido a que se encuentran confiscados los bienes por parte de la Fiscalía, cada día se pierden una o dos casas que se tienen incautadas.

“En caso de que se llegue a dilatar este proceso, es poco factible que se recupere algo de lo que perdieron los afectados por este fraude”, lamentó Acosta.

Para el 24 de mayo se espera otra audiencia con más casos, aunque también hay más amparos en trámite.

“Estamos metiendo una serie de escritos al Tribunal, donde solicitamos que nos den una audiencia para llevar a cabo un acuerdo reparatorio”, agregó.

Aseguró que la misma Constitución en su artículo 20 prevé esa reparación del daño.

Destacó que si el apoderado de la empresa y la víctima están de acuerdo se soluciona “pero la Fiscalía se opone”.

Eduardo F. H., el exsecretario de Salud con Javier Corral se presentó de nueva cuenta ante el juez en la continuación de la audiencia inicial por la imputación del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

La defensa procedió a la presentación de pruebas a favor del exfuncionario y exigió que no se tomaran imágenes luego de que se aprobara el ingreso de personal del mismo Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a tomar fotografías.

En la primera parte de la audiencia inicial (iniciada el pasado 15 de mayo) el juez le fijó una fianza de 800 mil pesos, pagadera en seis meses, para que pueda enfrentar la causa penal 1641/23 en libertad.

Al exfuncionario en la administración de Javier Corral, se le imputa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en torno a la contratación de un crédito por 401 millones 364 mil 155 pesos de la institución financiera Bansi para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

Luego de la solicitud de la defensa el juez ordenó que no se tomarán los rostros de quienes se encontraban presentes y que en cualquier imagen se difuminaran los rostros.

Dentro de la exposición de pruebas se dio a conocer que se buscaron a los testigos a favor del defendido, sin embargo, no fueron localizados.

La defensa presentó documentos a los que tenía acceso y firmaba Eduardo F. H., pero en copias, no en originales, lo que cuestionó el Ministerio Público.

El abogado del exfuncionario destacó que la posesión de estas documentales es debido a que como funcionario resguardó un duplicado de los documentos que firmó cuando se encontraba en funciones.

El Ministerio Público pidió que se vinculara a proceso al exfuncionario.

Durante la semana, el juez César Alberto Villalba Máynez negó la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público.

La audiencia inicial en contra de Eduardo F. H., se desahoga en una sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) por parte del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, César Alberto Villalba.

A Eduardo F. H., exsecretario de Salud en la administración de Javier Corral, se le imputa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en torno a la contratación de un crédito por 401 millones 364 mil 155 pesos de la institución financiera Bansi para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

La causa penal en su contra es la identificada como 1641/2023.

Exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, exdirector administrativo de la Fiscalía General del Estado y exsecretario de Salud en el quinquenio de Javier Corral, Eduardo F. H., fue detenido el domingo y trasladado al penal de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua.

Al exfuncionario se le acusa por realizar una “arbitraria modalización contractual”, para disfrazar la adquisición de nueva deuda como una sesión de derechos a la financiera.

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