Auditoría Superior del Estado

La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado 174 denuncias de hechos o ampliaciones turnadas a la autoridad penal en los últimos seis años, informó el titular del organismo, Héctor Acosta Félix.

En sesión de trabajo con la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, durante la entrega del Informe Anual de Avances, el auditor mencionó que, además de las vistas a la autoridad por la probable comisión de delitos, se aplicó una cantidad sin precedentes de sanciones administrativas.

En total, son 2 mil 194 denuncias administrativas desde 2019 a la fecha, cifra que equivale a dos por cada día hábil transcurrido desde que inició su gestión.

Acosta detalló que, de los expedientes enviados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), 114 personas están sujetas a procedimiento: 93 servidores públicos y 21 particulares.

Precisó que las denuncias incluyen mil 967 casos por faltas no graves y 227 por faltas graves, más los señalamientos que podrían derivar en acciones penales mencionadas con anterioridad.

“Antes de 2019 no se había presentado ni una sola denuncia de tipo administrativo. La vía administrativa nunca se había explorado”, subrayó el auditor, al destacar la importancia de que la fiscalización de cuentas públicas tenga consecuencias cuando se detectan irregularidades.

Sin embargo, advirtió que las faltas no graves, que deben ser atendidas por los Órganos Internos de Control de cada ente, están quedando sin seguimiento: de los asuntos iniciados, solo 440 han sido concluidos.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Leticia Ortega Máynez, reconoció el avance en el trabajo de la ASE y destacó que contribuye a despolitizar la fiscalización. “Es muy importante que así permanezca en el futuro”, afirmó.

Por su parte, los diputados Carla Rivas Martínez y Carlos Olson San Vicente agradecieron la labor del órgano fiscalizador y ofrecieron su colaboración legislativa para mejorar la atención y sanción de las faltas detectadas.

En la reunión también participaron las diputadas Alma Yesenia Portillo Lerma y Brenda Ríos Prieto, así como los diputados Saúl Mireles Corral y Roberto Arturo Medina Aguirre, integrantes de la Comisión de Fiscalización, junto con el grupo directivo de la ASE.

Cinco datos que no conviene olvidar

1.⁠ ⁠- 174 denuncias penales por probables delitos en la administración pública estatal en seis años.

2.⁠ – ⁠2,194 denuncias administrativas desde 2019, el equivalente a dos por cada día hábil.

3.⁠ – ⁠114 personas procesadas: 93 funcionarios y 21 particulares.

4.⁠ ⁠Más de 1,900 faltas no graves pendientes de resolución por los Órganos Internos de Control.

5.⁠ ⁠- Antes de 2019 no existía ni una sola denuncia administrativa en Chihuahua.

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, la asociación civil Transparencia Mexicana, dio a conocer un estudio que revela la ínfima cantidad de sanciones que se han aplicado por actos irregulares de parte de funcionarios de gobierno.

A lo largo de siete años, y en todo el país, los tribunales administrativos han emitido apenas 488 resoluciones, a razón de 69 por año, o menos de 5 por mes.

De todos esos procedimientos, solo 281 han derivado en sanciones, lo que se traduce en un promedio de 40 sanciones por año desde que entró en vigor la Ley de Responsabilidades.

El estudio, elaborado en colaboración con la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, fue presentado este fin de semana en las oficinas de Transparencia Mexicana en la Ciudad de México, ante titulares y representantes de los órganos fiscalizadores del país.

En dicha reunión, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, afirmó que la baja obtención de sanciones condenatorias en vía administrativa es parte un reflejo de los defectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en 2017.

Dicho marco normativo ha complicado la aplicación de sanciones en una gran cantidad de casos en los que se identifican conductas deshonestas de los servidores públicos en el ejercicio del gasto público pero que no están previstas como faltas en la Ley.

Durante su participación en el citado evento, expuso que Chihuahua se encuentra dentro de los 5 órganos fiscalizadores con mejores resultados en efectividad, tomando como base las sanciones obtenidas en los tribunales administrativos.

La Auditoría Superior de la Federación y las auditorías de México, Nayarit, Zacatecas, Chihuahua y Chiapas concentran la mayor parte de las sentencias con sanción emitidas por los tribunales administrativos.

En México hay 33 órganos fiscalizadores, 32 estatales y la Auditoría Superior de la Federación, los cuales revisan año con año las cuentas públicas de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, los tres poderes y los órganos con autonomía constitucional.

El radio presupuestal que revisan asciende a los 9 billones de pesos al año, a lo que habría que agregar los recursos propios que ejercen las entidades federativas.

Otro de los aspectos abordados fueron las diversas formas de fiscalización del gasto público, pues cada estado de la República tiene plazos y formas distintas derivadas de sus propias leyes locales.

A partir de 2017, lo órganos de fiscalización fueron dotados de facultades para no solo auditar, sino también presentar denuncias administrativas ante los tribunales de justicia administrativa por faltas graves.

Antes de ese año, los resultados de auditorías a las cuentas públicas eran enviados para su atención a los órganos internos de control de cada institución auditada sin hacer distinción entre faltas graves y no graves.

El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, entregó al Congreso local 95 informes individuales de la Cuenta Pública 2023 aplicadas a los municipios menos poblados de la entidad.

En dicho reporte, se da cuenta de dos irregularidades que dieron pie a denuncias de tipo penal por la posible comisión de uno o más delitos.

En los informes de fiscalización, los auditores de la ASE encontraron irregularidades que derivaron a 680 recomendaciones, 41 denuncias por faltas administrativas no graves, tres por faltas graves, 55 promociones ante la autoridad fiscal y las dos denuncias de hechos antes mencionadas.

Paralelamente, se practicaron auditorías financieras, de las cuales derivaron 243 recomendaciones en esta primera entrega, así como dos denuncias administrativas por faltas graves, 24 por no graves, 55 promociones ante autoridades fiscales por incumplimiento en esta materia y dos denuncias penales.

Estas últimas corresponden a contratos de financiamiento hechos por personal de la Presidencia Municipal de San Francisco del Oro, sin apegarse a la normatividad establecida en la ley.

En rueda de prensa, Acosta Félix compartió los resultados de 37 ejercicios de fiscalización de gasto de municipios; 13 de obra pública también de alcaldías, así como otros 43 por el desempeño al presupuesto participativo.

Además, se aplicaron dos más a Juntas Municipales de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua.

Por estos informes se emitieron 680 recomendaciones, 41 denuncias por faltas administrativas no graves, tres por faltas graves, 55 promociones ante la autoridad fiscal y dos denuncias de hechos.

En el caso de obra pública, de las observaciones recurrentes fueron pagos de volúmenes mayores a los ejecutados; pagos de materiales mayores o no aplicados en obras ejecutadas por administración directa; adjudicaciones a licitantes que incumplen las bases; detección de agrietamientos; desprendimientos de materiales, ondulaciones, entre otras.

En este rubro es importante destacar que de estos primeros informes destaca la recuperación de un millón 158 mil 679 pesos.

De los resultados correspondientes a las auditorías de desempeño al presupuesto participativo, se emitieron recomendaciones por incumplimiento a los lineamientos del proceso establecido para ello, siendo que los 43 municipios obtuvieron opinión negativa al no haber asignado recurso alguno correspondientes para dicho fin.

Los Informes de Resultados son documentos públicos y disponibles para consulta dentro de la página web https://informes.auditoriachihuahua.gob.mx/.

Cabe mencionar que ninguno de los informes antes referidos corresponde a alguno de los cinco municipios más poblados de la entidad: Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral.

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, advirtió que las deficiencias en el control interno de las instituciones pueden abrir la puerta a la corrupción.

Durante su participación como ponente en el Foro Nacional para el Fortalecimiento del Control Interno en las Instituciones Electorales, organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), Acosta Félix mencionó casos específicos donde la falta de control derivó en irregularidades administrativas y probables acciones penales.

En su participación en el citado evento, compartió ejemplos concretos detectados por la ASE que evidencian las consecuencias de un control interno deficiente.

Entre ellos, mencionó que en 2022 se identificaron irregularidades en cuatro centros educativos del sistema CECyTECH, cuyas construcciones permanecen inconclusas debido a la falta de planeación adecuada.

En esos casos, los edificios no cuentan con acceso a servicios públicos ni con propiedades legalmente acreditadas, lo que ha impedido su uso.

Ante titulares de organismos electorales locales y sus órganos internos de control, Acosta Félix subrayó que una adecuada planeación, supervisión y evaluación en las instituciones reduce las probabilidades de incumplir metas y objetivos, al tiempo que previene desvíos indebidos de recursos públicos.

Otro caso relevante ocurrió entre 2020 y 2021, cuando por problemas administrativos, el mismo sistema educativo no emitió títulos técnicos profesionales a los alumnos que completaron el bachillerato.

“Esto es un claro ejemplo de cómo las deficiencias en el control interno afectan directamente a los beneficiarios de los programas públicos”, explicó.

Para evitar casos irregulares como los expuestos, es necesario combatir la corrupción desde la raíz, señaló.

Para Acosta Félix, la clave para prevenir actos de corrupción radica en detectar y sancionar las faltas administrativas en su origen.

Mencionó que las buenas prácticas de control interno y administración de riesgos son esenciales para evitar irregularidades que, en muchos casos, derivan en actos ilícitos.

“Las fallas en el control interno no solo afectan las metas institucionales; también incrementan las probabilidades de corrupción, generando un impacto negativo en la confianza ciudadana”, enfatizó.

El foro, que reunió a representantes de organismos electorales de todo el país, tuvo como objetivo promover herramientas para el fortalecimiento de los sistemas de control y fiscalización, necesarios para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.