“A través de testimonios detectamos modus operandi que involucra a autoridades, crimen organizado y empresas de autobuses”, dio a conocer la organización civil “Uno de siete migrando”, que da acompañamiento y asesoría a personas en movilidad en la ciudad de Chihuahua.
La organización comunicó a través de un comunicado de prensa, que los reiterados casos se registran en Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Sonora, estados en los que la impunidad y la violencia contra personas migrantes impera desde hace años, cita el documento.
Sobre Chihuahua, se indicó que carece de infraestructura humanitaria para recibir y atender las necesidades de personas que lo transitan, lugar donde se han denunciado bodegas con casi doscientas personas, incluyendo mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes de diversas nacionalidades.
Se detalló que, en algunos casos, la privación de la libertad se realiza mientras las personas esperan a abordar los autobuses, puesto que las instalaciones de las empresas son vigiladas constantemente por el crimen organizado para monitorear el arribo de los viajantes susceptibles de ser secuestrados.
Por lo anterior, solicitaron que la Secretaría de Transporte establezca contacto con la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), así como con otras empresas de autobuses y se solicite información que aporte elementos a las investigaciones correspondientes, tanto a las fiscalías estatales, como a la FGR, para dar con el paradero de los criminales y dar con el paradero de las personas víctimas de la privación de la libertad.
