extradición

Ciudad de México, 29 de abril de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril, a las 18:00 horas, recibió solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, las solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en el marco de la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición bilateral, se evalúe su procedencia conforme a la legislación mexicana.

La SRE detalló que, tras una revisión jurídica inicial de los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos, no se encontraron elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas solicitadas ni para justificar una detención provisional con fines de extradición.

No obstante, precisó que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de analizar si existen elementos probatorios conforme al sistema jurídico mexicano y determinar la viabilidad de las solicitudes de detención provisional.

Finalmente, la cancillería anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos debido a la forma en que se dio a conocer la información, ya que los tratados vigentes establecen disposiciones específicas sobre la confidencialidad de estos procesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la extradición de 37 personas vinculadas al crimen organizado a Estados Unidos y afirmó que se trató de una decisión soberana del Estado mexicano, tomada conforme a la ley y a los tratados internacionales vigentes.

Durante su conferencia, la mandataria rechazó que el traslado simultáneo de los detenidos haya respondido a presiones externas y subrayó que México mantiene el control pleno de sus decisiones en materia de seguridad y justicia. Afirmó que la cooperación con Estados Unidos no implica subordinación ni pérdida de autonomía.

Sheinbaum explicó que las extradiciones se realizaron tras procedimientos legales que cumplieron con los requisitos establecidos en la legislación mexicana, y que forman parte de una estrategia institucional para debilitar a las organizaciones criminales y fortalecer el Estado de derecho.

La presidenta insistió en que la colaboración internacional es necesaria frente a delitos de carácter transnacional, pero recalcó que la soberanía se ejerce cuando el Estado decide y actúa, no cuando se deja de hacerlo.

Ante cuestionamientos de la oposición, sostuvo que su gobierno continuará actuando con base en la ley y mantendrá la coordinación con otros países cuando convenga a los intereses nacionales. “México decide cuándo y cómo actúa”, enfatizó.

Sheinbaum reiteró que su administración seguirá impulsando acciones para garantizar la seguridad, combatir la impunidad y preservar la autonomía del país en la toma de decisiones estratégicas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, exigió públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la extradición inmediata de Reynaldo Mata-Ríos, identificado como presunto responsable del asesinato del comisionado estatal Eddy Betancourt.

En un posicionamiento difundido por su oficina, Abbott afirmó que Mata-Ríos huyó a México tras cometer el crimen y sostuvo que no se permitirá que crímenes cometidos en Texas queden impunes por el simple hecho de cruzar la frontera. El mandatario pidió al gobierno mexicano actuar de inmediato y coordinar su entrega a las autoridades estadounidenses.

“El asesino de un funcionario texano no debe encontrar refugio en México”, sostuvo Abbott, al advertir que su administración presionará para que el acusado enfrente a la justicia en Texas. Añadió que ningún país debe servir como “santuario” para personas señaladas por homicidio.

El gobernador subrayó que la solicitud fue dirigida directamente a la presidenta Sheinbaum, en lo que representa una exigencia diplomática abierta en un caso de alto perfil político y judicial.

¿Quién era Eddy Betancourt y qué ocurrió?

Eddy Betancourt era comisionado de la Texas Facilities Commission, dependencia encargada de la administración de edificios y propiedades del gobierno estatal. Fue designado por Abbott y era considerado un funcionario cercano al círculo político del gobernador, además de contar con una trayectoria previa como empresario en el sur de Texas.

El funcionario fue localizado sin vida el 27 de diciembre de 2025 en la ciudad de McAllen, tras recibir impactos de arma de fuego. Las autoridades confirmaron desde el inicio que el caso se investiga como homicidio, sin que hasta ahora se haya revelado el móvil del ataque.

Posteriormente, corporaciones policiales identificaron a Reynaldo Mata-Ríos como el principal sospechoso y emitieron una orden de arresto por homicidio en primer grado. Las autoridades consideran que el presunto responsable salió de Estados Unidos tras el crimen.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha fijado una postura pública sobre la exigencia de extradición planteada por el gobernador de Texas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este viernes fue extraditado a Estados Unidos Marco Antonio López, identificado como uno de los operadores del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país.

El traslado se realizó en cumplimiento al Tratado de Extradición México–Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia norteamericano, que lo acusa de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y armas.

López fue entregado a agentes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde fue trasladado bajo custodia hacia California, donde enfrentará proceso penal ante la Corte Federal del Distrito Sur.

Los cargos: drogas, armas y conspiración

De acuerdo con la información oficial, el acusado es requerido por los delitos de:

•⁠ ⁠Asociación delictuosa para distribuir drogas en territorio estadounidense,

•⁠ ⁠Delitos contra la salud,

•⁠ ⁠Tentativa de exportar artículos de defensa sin licencia, y

•⁠ ⁠Contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México

Las autoridades estadounidenses sostienen que López coordinaba envíos de metanfetamina, cocaína y fentanilo, además de manejar una red logística para abastecer al Cártel de Sinaloa con armamento de alto poder procedente del mercado estadounidense.

Su captura en Baja California

Marco Antonio López fue detenido en febrero de 2024 durante un operativo conjunto en el municipio de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la carpeta de investigación, mantenía vínculos con operadores del cártel en la franja fronteriza y era responsable de organizar cargamentos que cruzaban hacia California por pasos clandestinos, especialmente entre San Luis Río Colorado y Calexico.

Su aprehensión derivó de una solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por la FGR tras el requerimiento del gobierno estadounidense.

Fuentes judiciales citadas en el expediente señalan que López pertenece a la estructura criminal encabezada por los llamados “Chapitos”, herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su rol habría sido principalmente logístico y financiero, coordinando almacenamiento, traslado y protección de cargamentos entre Sonora, Baja California y el sur de Estados Unidos.

Entre 2018 y 2020, según la acusación norteamericana, habría participado en el tráfico de grandes volúmenes de drogas sintéticas, contribuyendo al auge de la red de distribución de fentanilo que colocó al Cártel de Sinaloa en la mira internacional.

Lo que representa su extradición

La entrega de Marco Antonio López a Estados Unidos se interpreta como un nuevo gesto de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo.

La FGR destacó que con este caso se reafirma el compromiso del Estado mexicano de “evitar la impunidad de quienes cometen delitos graves que afectan la seguridad de ambos países”.

Con esta extradición, el Gobierno mexicano suma otro golpe a la estructura del Cártel de Sinaloa, tras las entregas previas de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, y de otros operadores relevantes procesados por narcotráfico.

Un mensaje para los cárteles

La detención y posterior entrega de López refuerzan la estrategia de desarticulación de redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.

En el plano político, la acción se lee como una muestra de coordinación judicial entre México y Estados Unidos, en un contexto donde la presión internacional por frenar el tráfico de fentanilo se mantiene como una de las prioridades del gobierno estadounidense y en un momento en que el presidente de EU hace señalaminetos fuertes hacia la figura presidencial el vecino del sur.