Los cadáveres de 39 migrantes que fallecieron la noche del lunes en las instalaciones de una Estación Provisional del Instituto Nacional de Inmigración, víctimas de un incendio, hoy permanecen en el interior de una fría caja de tráiler habilitada con sistema de refrigeración que fue rentada por el Gobierno estatal para este fin.
INM
Empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) acusan al delegado en Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, de haber dado la orden de dejar encerrados a los 68 migrantes extranjeros, donde murieron 39 de ellos.
Tres de los empleados federales que buscan el amparo de la justicia, tras tener miedo de que los acusen de homicidio, dicen haber recibido la instrucción precisa de parte del militar retirado, de no abrir la puerta de la celda donde se estaban quemando los migrantes retenidos.
Lo anterior lo confirmó el abogado Jorge Vázquez Campbell, quien mencionó que de acuerdo a la información obtenida, “cuando inició el mitin o protesta y empezaron a quemar colchones, él ordenó que le cerraran la reja y que (los empleados) se salieran, que los dejaran morir (a los migrantes)”.
Indicó que el personal del INM le hizo una llamada telefónica a González Guerrero para pedirle su instrucción y esa fue la orden que dio por esa vía: “que no los soltaran”.
El litigante refirió que acudirá a la Fiscalía General de la República a interponer la denuncia correspondiente.
De acuerdo a los empleados federales, el contraalmirante amedrentó con consignar ante la autoridad a quien le abriera la puerta para liberar a los 68 migrantes.
“Entonces los intimidó y se salieron y ahí los dejaron que se quemaran”, sostuvo.
Vázquez Campbell mencionó que si la autoridad revisa el teléfono celular del representante del INM en la entidad, podrá corroborar que se hizo dicha llamada.
Expresó que el miedo de los servidores públicos referidos, es que los vayan a acusar de homicidio, cuando sólo obedecieron una instrucción de dicho personaje, además de ser intimidados.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional tomó la tribuna del Congreso del Estado para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que asuma la responsabilidad del incendio ocurrido en la estación migratoria del INM en Juárez, donde murieron al menos 39 personas.
Más información en un momento.
El lunes por la noche, cuando ocurrió el incendio que provocó la muerte de 39 migrantes, guardias de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) vigilaban la estación migratoria de Ciudad Juárez.
De acuerdo al portal informativo Latinus, Seicsa es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien a través de esta empresa ha obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 15 de febrero, Latinus publicó un reportaje en el que se documenta cómo el gobierno de López Obrador y la FGR aumentaron la entrega de contratos a Seicsa desde que Valdés Cabrera fue nombrado en 2019 cónsul honorario por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
El nombre de la empresa de seguridad privada no fue revelado por la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, en su conferencia de esta tarde. La funcionaria dijo que no lo daría a conocer, argumentando que debía guardar secrecía como parte de las investigaciones.
Rodríguez aseguró que están reuniendo toda la información para saber si tenía la empresa los permisos para operar y el tipo de contrato que había firmado con el Instituto Nacional de Migración (INM)
En los videos del incendio ocurrido en la estación de Ciudad Juárez se observa que guardias de SEICSA están dentro de las instalaciones, a la par de los agentes del INM. De acuerdo con medios de información local, tres empleados de la empresa de Valdés Cabrera ya rindieron declaración ministerial ante la Fiscalía General de la República.
Seicsa tiene diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos, principalmente en incidentes con migrantes. Un informe de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil enviado a la ONU en 2016 documentó al menos 10 agresiones de empleados de las empresas Seicsa y Cusaem a migrantes que iban en trenes de carga en la ruta Apizaco-Guadalajara.
Un año después, un informe de ocho organizaciones civiles enviado a la ONU destacó que personal de Seicsa, contratada por la empresa Ferromex, intimidaba a defensores y voluntarios del colectivo Estancia del Migrante González y Martínez que se acercaban a las vías del tren buscando ayudar a migrantes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha puesto atención en la empresa del cónsul honorario de Nicaragua. Uno de los señalamientos más recientes se encuentra en la recomendación 95/2022, donde personal de Seicsa estuvo involucrado en la agresión a un migrante hondureño en la estación “Las agujas” del INM en la Ciudad de México.
A pesar de sus antecedentes, Seicsa sigue recibiendo contratos del INM para vigilar y resguardar sus instalaciones en diversas partes del país.
La empresa también ha sido contratada por la Fiscalía General de la República, el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y una decena de oficinas federales.
