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La comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), Norma Ledezma, participó en una jornada de trabajo con familias víctimas de delitos en la comunidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo.

El encuentro se realizó en coordinación con la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria y permitió dar seguimiento a los planes de atención personalizados para las familias de la zona.

Durante la jornada, personal de la Fiscalía General del Estado —a través de la Agencia Estatal de Investigación y agentes del Ministerio Público— junto con personal de la CEAVE, actualizó las necesidades de 35 núcleos familiares (155 personas) en materia educativa, jurídica, laboral, psicosocial y asistencial.

Ledezma también atendió directamente a nuevas familias que solicitaron apoyo. El equipo realizó entrevistas para su incorporación al esquema de atención integral y brindó acompañamiento jurídico a una familia para la interposición de una denuncia.

En el lugar, la comisionada señaló: “La justicia no puede depender de la distancia. Para la CEAVE, estar aquí en Baborigame no es una opción, es un deber. Detrás de cada denuncia hay una vida, una historia y una familia que busca paz. Nuestro trabajo es salir de las oficinas, llegar a donde está el dolor y garantizar que ninguna víctima en Guadalupe y Calvo se sienta sola en su camino hacia la verdad y la justicia”.

La actividad forma parte de las acciones de la CEAVE en regiones alejadas del estado para atender a víctimas del delito.

El Gobierno Municipal de Chihuahua opera el único Juzgado Cívico para Adolescentes existente en México, como parte del Nuevo Modelo de Justicia Cívica implementado en la ciudad.

Este tribunal especializado atiende faltas administrativas cometidas por menores de edad y prioriza medidas restaurativas, la prevención y la atención familiar en lugar de sanciones tradicionales.

El objetivo principal es identificar las causas de la conducta y reforzar el entorno familiar para reducir la reincidencia.

Las audiencias se llevan a cabo con la participación obligatoria de madres, padres o tutores, y la atención incluye apoyo psicológico a través del Departamento de Psicología y Seguimiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con información municipal, desde la puesta en marcha del modelo cerca de 18 mil personas —entre adolescentes y adultos— han recibido medidas alternativas, como atención psicológica, servicio comunitario y capacitación para el trabajo.

Estas acciones se realizan en coordinación con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

El Juzgado Cívico para Adolescentes forma parte de un esquema que busca atender los conflictos a través de la prevención y la participación familiar.

La presentación del libro “Miroslava Breach, el origen” fue la ocasión para demandar un esclarecimiento de su muerte por asesinato, de exigir la detención de todas las personas vinculadas a esos hechos, y de exaltar su aportación al periodismo local y nacional durante las últimas tres décadas.

La presentación de la obra, autoría de Paola Andujo Breach, sobrina de la periodista, se llevó a cabo en el Cine Club de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en presencia de académicos, directivos de dicha institución y alumnos de la carrera de periodismo.

En su participación como presentadora, la periodista Patricia Mayorga, corresponsal de la revista Proceso, expresó que la red criminal y política que la mandó matar sigue intacta.

“No hablo de un partido o de otro, es una red política”, subrayó.

El grupo criminal que planeó y decidió su muerte sigue operando, agregó Mayorga: “sigue ejerciendo poder, que sigue ganando territorio, que sigue desplazando a comunidades indígenas y  yo cada día me pregunto qué estaría haciendo Miroslava en estos en estos momentos.

A su vez, la maestra Yesenia Mendoza Villalobos, en su oportunidad en el uso de la palabra, dijo que Miroslava solo cumplía con un deber: el de informar con un periodismo crítico. 

“Ella estaba armada de su inteligencia, de su ética profesional y del poder de la palabra”, agregó.

En tanto, el periodista y master en comunicación, Leoncio Acuña Herrera, recordó una serie de anécdotas atribuidas a Miroslava, tanto de su vida familiar como de su convivencia con compañeras y compañeros en los medios de comunicación.

El libro es una recopilación de recuerdos de Paola Andujo Breach con su tía, pero también, una exaltación de su obra periodística y de los conceptos que enarboló a lo largo de su carrera, de entre los cuales destacó la frase que ha marcado su memoria: el silencio es cómplice.

Miroslava Breach Velducea fue asesinada afuera de su casa el 23 de marzo de 2017, por la mañana, cuando salía a dejar a su hijo en la escuela.  La línea de investigación que ha seguido la autoridad desde aquel entonces se apega al trabajo periodístico de Miroslava, sobre todo, en la denuncia que había hecho de los lazos de la política y el poder que se habían tejido en los años recientes.

Con el objetivo de dejar atrás la impunidad y transformar el modelo de procuración de justicia en el país, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó ante el Senado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el que busca consolidar una Fiscalía más cercana, eficiente y con capacidad real de respuesta.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el país atraviesa un momento clave en materia de seguridad, respaldado por un nuevo marco constitucional que permitirá enfrentar de manera más efectiva a las estructuras criminales.

“Donde haya violencia, habrá Estado; donde haya impunidad, habrá investigación; y donde haya crimen, habrá consecuencias”, sostuvo.

Godoy planteó que el nuevo modelo rompe con prácticas del pasado marcadas —dijo— por el uso político de la justicia y la atención reactiva de los delitos, para dar paso a una política criminal con enfoque humanista, centrada tanto en la persecución como en las causas del fenómeno delictivo.

De la inercia a la acción

El plan propone un cambio estructural en la operación de la Fiscalía: pasar de un esquema fragmentado y burocrático a uno basado en inteligencia, priorización de fenómenos criminales y coordinación interinstitucional.

Entre sus ejes destacan la reestructuración institucional, el fortalecimiento del servicio profesional de carrera, el impulso a las fiscalías estatales y la implementación de un nuevo modelo de investigación.

Como parte de la reingeniería interna, explicó, se busca optimizar procesos, eliminar duplicidades y redirigir el gasto hacia tareas sustantivas.

“Tendremos una administración eficiente, responsable y transparente: sin corrupción, sin privilegios y sin burocracia dorada”, aseguró.

Uno de los pilares del plan es la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Godoy subrayó que la autonomía de la Fiscalía no está reñida con el trabajo conjunto.

“La autonomía se fortalece con coordinación, con inteligencia y con visión de Estado”, afirmó.

En ese sentido, detalló que la FGR fortalecerá su vinculación con instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, a través de la Agencia de Investigación Criminal, para que los operativos se traduzcan en investigaciones sólidas y sentencias condenatorias.

Además, como parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía participará en la definición de prioridades para reducir la incidencia delictiva a nivel nacional.

Inteligencia para desarticular estructuras

El nuevo modelo de investigación, explicó, estará sustentado en ciencia, tecnología y análisis estratégico, con el objetivo de fortalecer las carpetas con pruebas sólidas y peritajes de alto rigor.

Este enfoque permitirá, dijo, ir más allá de la persecución de responsables directos para centrarse en las estructuras criminales y las rutas del dinero, con la intención de desarticular organizaciones de alto nivel.

La fiscal concluyó que el objetivo central es garantizar un acceso efectivo a la justicia, con una institución que responda a las víctimas y recupere la confianza ciudadana.

“Por mucho tiempo el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el fin de esa era: el Estado mexicano responde unido, con inteligencia y con todo el peso de la ley”, concluyó.

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