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El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, acompañó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván en la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, realizada en la Ciudad de México y encabezada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos.

El proyecto plantea fortalecer la coordinación entre la Federación y las Fiscalías estatales, con el objetivo de mejorar la eficacia en la procuración de justicia a nivel nacional.

Durante el evento, Jáuregui Moreno destacó la importancia de conocer de primera mano los lineamientos de esta estrategia, al considerar que permitirá implementar acciones en Chihuahua para optimizar resultados y reforzar la atención a la ciudadanía.

“El fortalecimiento de la coordinación institucional es clave para avanzar en la procuración de justicia. Este plan marca una ruta clara para trabajar de manera más efectiva y dar mejores resultados a la ciudadanía”, señaló.

El fiscal subrayó que la participación en estos encuentros también permite a las entidades federativas alinearse con las políticas nacionales, además de compartir experiencias y consolidar estrategias conjuntas.

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia busca establecer mecanismos de colaboración más efectivos entre los distintos niveles de Gobierno, con énfasis en la atención de delitos, la integración de investigaciones y el acceso a la justicia.

De acuerdo con lo expuesto, su implementación permitiría mejorar los resultados en la procuración de justicia en estados como Chihuahua, al fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación intergubernamental.

Con esta participación, la Fiscalía General del Estado refrendó su intención de mantener una agenda de trabajo coordinada con la Federación, orientada a mejorar la respuesta ante las demandas de seguridad y justicia de la población.

En 2024, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua recibió 78 mil 680 denuncias que se convirtieron en carpetas de investigación, de acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia.

El problema es que la gran mayoría no se ha resuelto. Solo 27 mil carpetas tuvieron algún avance o conclusión, mientras que más de 65 mil siguen pendientes. Esto significa que, por cada caso atendido, otro se queda atorado en el sistema.

El rezago coloca a Chihuahua entre los estados con más pendientes por resolver. La situación refleja lo lento que avanza la atención a las denuncias y la dificultad de las instituciones para dar respuesta a las víctimas.

Otra opción: acuerdos y conciliación

El informe también señala que durante 2024 se abrieron más de 10 mil expedientes en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Estos procedimientos buscan resolver problemas a través de acuerdos entre las partes, sin necesidad de ir a juicio.

Aunque esta vía representa un alivio, todavía es muy pequeña en comparación con el volumen de denuncias que recibe la Fiscalía.

Chihuahua cuenta con una unidad de inteligencia y análisis criminal, que se encarga de estudiar patrones delictivos y generar información para ayudar a resolver los casos.

En el país

A nivel nacional, en 2024 se abrieron 1.9 millones de carpetas de investigación. Chihuahua aportó alrededor del 4 por ciento de ese total. El reto más grande para el estado no es la cantidad de denuncias que recibe, sino el atraso en la resolución de los casos, lo que mantiene a miles de víctimas en la espera de justicia

Los números muestran lo que miles de familias ya saben: denunciar no siempre garantiza justicia. El atraso en la resolución de las carpetas deja a las víctimas en un limbo legal, sin certeza y sin reparación. La deuda del sistema con la ciudadanía sigue creciendo, mientras la impunidad se convierte en la regla y no en la excepción.

El Congreso del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exigieron que el sistema Cecytech de educación media superior atienda de manera integral las necesidades médicas del joven Carlos Daniel Rodríguez Sáenz, quien perdió la vista tras realizar una tarea de química encomendada en esa institución.

Por unanimidad, el Congreso aprobó un exhorto presentado por la diputada Antonieta Pérez Reyes (Morena), dirigido al Gobierno del Estado, para que el estudiante sea incorporado a un programa médico y de atención especializada que requerirá de por vida a raíz de las lesiones sufridas.

El acuerdo legislativo establece que Rodríguez Sáenz tiene a salvo su derecho humano de recibir atención para restablecer su salud y acceder a la reparación del daño. Asimismo, se solicitó al Ejecutivo estatal que informe al Congreso sobre el calendario de cumplimiento de la recomendación de la CEDH, la cual ya fue aceptada por Adriana Ruíz Ramírez, directora general del Cecytech, según el oficio DG190/2025 del 27 de agosto de 2025.

Carlos Daniel, de 16 años, perdió la vista cuando le explotó en el rostro un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio encargado en marzo de 2024 por el profesor Sergio Rentería, en el ejido San Lorenzo, municipio de Buenaventura. La tarea consistía en elaborar piezas para torno mediante fundición.

En el accidente, el joven sufrió quemaduras graves en ambos ojos, mientras que sus compañeros resultaron con lesiones menores y daños en la ropa.

En ese momento, el plantel ofreció un seguro privado con un tope de 75 mil pesos, el cual posteriormente fue retirado.

La diputada Pérez Reyes denunció que, ante el siniestro, el Cecytech ha intentado “lavarse las manos” ofreciendo únicamente un seguro condicionado y minimizando la gravedad del caso.

“Después de más de un año de tratamientos, el joven tiene un ojo semicerrado y en el otro solo conserva el 20 por ciento de visión, y aun así quieren dejarlo como si se hubiera tratado de una simple caída”, acusó.

Cabe recordar que, previo al exhorto legislativo, la CEDH ya había emitido la recomendación CEDH:5s.1.013/2025, derivada del expediente CEDH:10s.1.12.011/2024, en la que instruyó al Cecytech a garantizar tanto la atención médica como las condiciones educativas necesarias para el estudiante.

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que el próximo relevo en la estructura del Poder Judicial del Estado, programado para el 1 de septiembre, no debe ser visto como un riesgo para la operación del sistema de justicia, sino como una oportunidad para corregir las deficiencias actuales.

En conferencia de prensa, Estrada respondió a los cuestionamientos sobre la advertencia hecha días atrás por el titular del sistema penitenciario, respecto a que el cambio podría profundizar problemas como la acumulación de presos sin sentencia o la llamada “puerta giratoria”.

“Esa es una suposición, eso no ha sucedido. Sí ha sucedido con el actual sistema, y eso ya no es una suposición, ese es un hecho”, señaló.

El legislador morenista subrayó que los atrasos en la impartición de justicia se deben a la gestión de las autoridades judiciales actuales, no a quienes asumirán los cargos en septiembre.

“No les quitemos esa responsabilidad”, advirtió, al tiempo que llamó a exigir a los nuevos magistrados y jueces que realicen su labor de manera eficiente.

Incluso relató que recientemente recibió un video del estacionamiento del Poder Judicial con escasos vehículos de jueces y magistrados, lo que atribuyó a una posible falta de compromiso.

“Si se está generando una crisis en el Poder Judicial, analicemos si ya se está provocando por una falta de atención, pero no usemos a los nuevos para tratar de limpiar lo que esté sucediendo”, puntualizó.

A Norma Piña ya la juzgó el pueblo

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, aseguró que la sociedad y la historia ya han juzgado “a Norma Piña y al resto de los ministros” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante su ciclo de conclusión. Aunque dijo que su opinión “no coincide en muchos aspectos” con la titular del tribunal, sostuvo que el juicio ya está hecho, aunque ella aún no lo reconozca.

En su conferencia de prensa de los miércoles, el morenista juarense lanzó fuertes críticas al legado institucional. Estrada calificó a la corte saliente como “zedillista”, en referencia a su origen en la administración de Ernesto Zedillo, con un surgimiento “autoritario y dictatorial”, destacó.

Afirmó que esa estructura ahora “nos canta las golondrinas para que ya se vayan”.

El legislador señaló que deja “una corte manchada”, acusada de ostentar “burocracia dorada” al recibir hasta 600 mil pesos mensuales por ministro, privilegios que se extendieron a cerca de 200 altos cargos.

Criticó además resoluciones controvertidas, como el descongelamiento de cuentas de la familia del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente preso y sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.

O bien, agregó Estrada Sotelo, la justificación que se le dio al expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, por sus expresiones racistas, así como el “congelamiento” durante 20 años de un expediente para eximir de impuestos multimillonarios a un empresario.

“Parecía más una oposición que un máximo tribunal. Perdió la brújula, se apartó de su misión constitucional y se dedicó a hacer oposición”, concluyó.