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El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que el próximo relevo en la estructura del Poder Judicial del Estado, programado para el 1 de septiembre, no debe ser visto como un riesgo para la operación del sistema de justicia, sino como una oportunidad para corregir las deficiencias actuales.

En conferencia de prensa, Estrada respondió a los cuestionamientos sobre la advertencia hecha días atrás por el titular del sistema penitenciario, respecto a que el cambio podría profundizar problemas como la acumulación de presos sin sentencia o la llamada “puerta giratoria”.

“Esa es una suposición, eso no ha sucedido. Sí ha sucedido con el actual sistema, y eso ya no es una suposición, ese es un hecho”, señaló.

El legislador morenista subrayó que los atrasos en la impartición de justicia se deben a la gestión de las autoridades judiciales actuales, no a quienes asumirán los cargos en septiembre.

“No les quitemos esa responsabilidad”, advirtió, al tiempo que llamó a exigir a los nuevos magistrados y jueces que realicen su labor de manera eficiente.

Incluso relató que recientemente recibió un video del estacionamiento del Poder Judicial con escasos vehículos de jueces y magistrados, lo que atribuyó a una posible falta de compromiso.

“Si se está generando una crisis en el Poder Judicial, analicemos si ya se está provocando por una falta de atención, pero no usemos a los nuevos para tratar de limpiar lo que esté sucediendo”, puntualizó.

A Norma Piña ya la juzgó el pueblo

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, aseguró que la sociedad y la historia ya han juzgado “a Norma Piña y al resto de los ministros” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante su ciclo de conclusión. Aunque dijo que su opinión “no coincide en muchos aspectos” con la titular del tribunal, sostuvo que el juicio ya está hecho, aunque ella aún no lo reconozca.

En su conferencia de prensa de los miércoles, el morenista juarense lanzó fuertes críticas al legado institucional. Estrada calificó a la corte saliente como “zedillista”, en referencia a su origen en la administración de Ernesto Zedillo, con un surgimiento “autoritario y dictatorial”, destacó.

Afirmó que esa estructura ahora “nos canta las golondrinas para que ya se vayan”.

El legislador señaló que deja “una corte manchada”, acusada de ostentar “burocracia dorada” al recibir hasta 600 mil pesos mensuales por ministro, privilegios que se extendieron a cerca de 200 altos cargos.

Criticó además resoluciones controvertidas, como el descongelamiento de cuentas de la familia del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente preso y sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.

O bien, agregó Estrada Sotelo, la justificación que se le dio al expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, por sus expresiones racistas, así como el “congelamiento” durante 20 años de un expediente para eximir de impuestos multimillonarios a un empresario.

“Parecía más una oposición que un máximo tribunal. Perdió la brújula, se apartó de su misión constitucional y se dedicó a hacer oposición”, concluyó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara, el cual incluye devolución de tierras a los pueblos indígenas y una serie de obras de infraestructura, de salud y de ampliación de programas sociales.

En la ceremonia efectuada en el el Centro Deportivo Juventud 2000, ubicado en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, Sheinbaum detalló la asignación de responsabilidades a distintos funcionarios federales para ejecutar el plan.

Anunció además que la devolución de tierras a las comunidades indígenas de la sierra de Chihuahua continuará a lo largo de su administración.

Gabinete en pleno, reunido en la Baborigame

Entre otros integrantes de su Gabinete ampliado, se encontraban las titulares de las Secretarías de Bienestar y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Ariadna Montiel y de Edna Elena Vega Rangel, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Emilio Esteva Medina.

Además, se encontraba el director del IMSS, Zoé Robledo y de la CFE, Emilia Calleja.

⁠Continuará y se ampliará el programa de devolución de tierras

Ante autoridades tradicionales y habitantes de comunidades indígenas, la primera mandataria del país anunció planes como la continuidad del proceso de restitución de tierras a pueblos originarios.

La primera ceremonia tuvo lugar en diciembre del año pasado, en el municipio de Urique, y en esta ocasión, además de signar los convenios con representantes de las comunidades beneficiadas, la presidenta anunció que el programa continuará e incluso se ampliará.

⁠Carreteras artesanales, agua y electricidad

Además, expuso los proyectos de construcción de caminos artesanales, proyecto que puso en manos de Jesús Esteva y Adelfo Regino, el fortalecimiento del sistema educativo, con apoyo de la Secretaría de Bienestar, para ampliar programas dirigidos a niños.

Entre los proyectos de infraestructura, añadió la ampliación de la red eléctrica, la construcción de carreteras y el acceso al agua potable, así como acciones de reforestación y conservación de bosques.

Para aumentar la capacidad de atención a la salud, anunció además un nuevo programa de formación de enfermeras y brigadas de salud comunitaria, también coordinado por la Secretaría de Bienestar.

Sheinbaum subrayó que por primera vez los pueblos indígenas recibirán recursos federales de forma directa, en asambleas comunitarias, como parte del reconocimiento constitucional de sus derechos en el artículo segundo.

“Cuando hablamos de la cuarta transformación, hablamos de justicia. Justicia social, justicia para los pueblos indígenas. Y eso significa tener acceso a la tierra, a la salud, al agua y también al poder decidir”, expresó.

La presidenta cerró su mensaje con un reconocimiento a la lucha de los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara y reiteró que su gobierno busca gobernar “con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Una veintena de personas defraudadas por la empresa ADC Servicios Globales bloquearon el cruce de las avenidas Aldama y Guerrero en demanda de que Gobierno del Estado los atienda.

Juvencio Gómez Castillo, uno de unos 200 chihuahuenses afectados por la empresa que prometió entregar vehículos a cambio de pagos mensuales, denunció que el Estado se ha negado a intervenir en su problema.

“Esto es un fraude total, caímos bajo la promesa de entregarnos un vehículo después de tres meses de pago; hay quienes han pagado 10 o más mensualidades y no nos han entregado nada”, denunció el afectado.

Agregó que ante este problema, las autoridades federales y estatales no han intervenido para solucionar sus demandas, para que ADC Servicios Globales, ubicada en Plaza San Ángel, les reembolse su dinero. 

“No puede ser posible tanta impunidad y corrupción. Si estamos manifestándonos es porque las autoridades no están haciendo nada, acaso están coludidos con ellos. Ya basta, porque nos están robando”, agregó Gómez Castillo.

Activistas, madres de personas desaparecidas y derechohumanistas, se manifestaron este sábado, 16 de diciembre, para recordar al Gobierno estatal y ciudadanía, los trece años sin justicia para Marisela Escobedo Ortiz, activista asesinada frente a las puertas del Palacio de Gobierno en el 2010.

“A trece años de impunidad, con toda la familia desplazada forzadamente en otro país y con un sostenido incremento de violencia contra las niñas y mujeres en Chihuahua, esta sigue siendo la vergüenza del Gobierno, en todos sus niveles”, sostuvo Gabino Gómez, activista y defensor de derechos humanos en Chihuahua.

En la lectura de la semblanza, Marcela Zamudio resaltó que, como Marisela Escobedo, son en su mayoría las madres de las víctimas de feminicidio y de las de las personas desaparecidas las que arriesgan su vida para demandar verdad, justicia y reparación.

Dora Villalobos, periodista e integrante del Movimiento Estatal de Mujeres, señaló que a pesar de las diferentes iniciativas el programa Spotlight, la Alerta de Género decretada en agosto de 2021, y la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la prevención, sanción, reparación y erradicación de violencia es una de las principales tareas pendientes de los diferentes Gobiernos.

En la manifestación exigieron una investigación oficiosa, imparcial, exhaustiva y diligente sobre el asesinato de Marisela Escobedo, además de una investigación eficaz sobre las acciones u omisiones que llevaron  a la familia de Escobedo a solicitar asilo político en otro país.

Demandaron la adopción de todas las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en México, específicamente con la asignación presupuestal suficiente.

Agregaron que debe darse cumplimiento puntual de la Alerta de Género, con participación de la sociedad civil y dar también cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos que nos presentan una ruta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres en el Chihuahua y en México.

Al terminar, entregaron a los presentes flores, las cuales colocaron en la placa que yace en el Palacio de Gobierno sobre la calle Aldama, donde fue asesinada Marisela Escobedo el 16 de diciembre del 2010.

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