Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó este miércoles las acusaciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien aseguró ser víctima de amenazas contra su integridad, su patrimonio y su familia, presuntamente provenientes del Gobierno Federal.

Durante la conferencia matutina de este 5 de agosto, celebrada en Palacio Nacional, la mandataria federal negó que exista una ofensiva política contra la administración estatal y sostuvo que, si Campos considera que alguien la está amenazando, debe presentar la denuncia correspondiente.

Asimismo, señaló que no ha tenido comunicación con la gobernadora de Chihuahua.

“No, no he hablado con ella, pero no hacemos ninguna amenaza nosotros. No sé a qué se refiera y, si ella considera que de parte de alguien hay alguna amenaza, pues que presente la denuncia, pero no hay nada contra la gobernadora”, respondió al ser cuestionada durante su conferencia matutina.

Las declaraciones representan la primera respuesta directa de Sheinbaum a los señalamientos hechos por la mandataria panista, quien ha insistido en que enfrenta una persecución política y que la Fiscalía General de la República mantiene una estrategia de hostigamiento en su contra.

La presidenta, sin embargo, vinculó las actuaciones de la Fiscalía con una investigación distinta: la carpeta abierta por la presunta operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en territorio chihuahuense.

“Hubo una carpeta de investigación que se abrió derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua haciendo operaciones y sigue esa carpeta por parte de la Fiscalía”, explicó.

Sheinbaum enfatizó que esa indagatoria no responde a motivos políticos, sino a una posible violación de la Ley de Seguridad Nacional.

“No tiene que ver con un asunto político; tiene que ver con un asunto de violación de la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván acusó a Morena y al Gobierno de la Cuarta Transformación de construir una campaña de desinformación en torno al convenio de cooperación firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y el Gobierno de Israel, al tiempo que aseguró ser víctima de una persecución política por defender los intereses de Chihuahua.

La mandataria rechazó que el acuerdo suscrito con la agencia israelí MASHAV contemple la entrega, privatización o administración del agua por parte de empresas o autoridades extranjeras.

“Han utilizado mentiras para engañar a la gente”, sostuvo Campos, al señalar que las recientes manifestaciones contra el convenio responden a una estrategia política impulsada por Morena y la 4T para desacreditar a su administración.

Las declaraciones se producen luego de las protestas realizadas el fin de semana en Chihuahua, Ciudad Juárez y otras ciudades del país, donde colectivos exigieron cancelar el convenio al considerar que carece de transparencia y podría vulnerar la soberanía sobre el recurso hídrico.

La gobernadora afirmó que el agua de Chihuahua continúa bajo control de los organismos operadores del estado y negó que exista riesgo alguno de que el recurso pase a manos extranjeras.

Campos también dio a conocer que ha recibido notificaciones y advertencias que, dijo, buscan afectar sus derechos políticos y personales, por lo que denunció una persecución en su contra y contra su familia.

“Van a volver a perseguir a Maru Campos, pero no tengo miedo”, expresó, al asegurar que continuará defendiendo los intereses de Chihuahua pese a las presiones.

Convenio es técnico, insiste JCAS

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, respaldó la postura de la gobernadora y reiteró que el convenio firmado con Israel tiene un carácter exclusivamente técnico.

Explicó que el acuerdo fue suscrito el 23 de febrero de 2023 con la agencia israelí MASHAV y tendrá vigencia hasta 2027, con el propósito de intercambiar tecnología, capacitación y experiencias para mejorar la eficiencia en el manejo del agua.

Mata rechazó que el convenio otorgue facultades de operación o administración a Israel y recordó que únicamente el Gobierno Federal y el Senado tienen atribuciones en materia de política exterior.

“En ningún momento ha habido administración israelí en ninguno de nuestros organismos del agua”, afirmó.

Añadió que en México existen alrededor de 60 convenios de cooperación similares, además de instrumentos de colaboración firmados por el propio Gobierno Federal con distintos países.

La controversia

Aunque el Gobierno del Estado sostiene que el acuerdo es exclusivamente de cooperación técnica, colectivos ambientalistas y organizaciones sociales han cuestionado su legalidad y transparencia.

Entre los principales señalamientos figura que el convenio presuntamente no fue registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), como prevé la legislación aplicable para este tipo de instrumentos internacionales.

Los manifestantes también han exigido que el contenido íntegro del convenio sea público y que se informe cuáles han sido los resultados concretos obtenidos desde su firma en 2023.

La polémica despuntó esta semana luego de que las protestas se extendieran a distintas entidades del país, mientras el Gobierno de Chihuahua insiste en que el acuerdo no compromete la soberanía sobre el agua ni implica la cesión del recurso a intereses extranjeros.

Un grupo de personas, representantes de familias desplazadas del municipio de Moris, Chihuahua, hicieron un llamado público a la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván y a la presidenta de México Claudia Sheinbaum para que impulsen un programa de vivienda y acciones de apoyo que les permitan recuperar la estabilidad perdida tras más de un año de haber abandonado sus comunidades a causa de la violencia.

A través de una carta dirigida a ambas mandatarias, los afectados señalaron que continúan viviendo en condiciones precarias, sin acceso a una vivienda digna y sin certeza sobre cuándo podrán regresar a una vida normal.

“Pedimos que escuchen nuestra voz. No buscamos privilegios, sino el cumplimiento de nuestro derecho a una vivienda segura y a vivir con dignidad”, expresaron en el documento.

Las familias aseguraron que la violencia las obligó a dejar sus hogares y su patrimonio, por lo que solicitaron el respaldo de los Gobiernos estatal y federal para enfrentar las consecuencias del desplazamiento forzado.

Entre sus principales demandas destaca la creación de un programa específico de vivienda para las personas desplazadas de Moris, además de la implementación de acciones que les permitan recuperar la estabilidad económica y social.

“Somos familias trabajadoras que lo perdimos todo y que necesitamos el respaldo de nuestras autoridades para salir adelante“, señalaron.

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En el documento también manifestaron que no desean permanecer en el abandono ni ser ignorados por las autoridades.

“No queremos seguir siendo invisibles. Necesitamos respuestas, soluciones y el compromiso de nuestros gobiernos para que nuestras familias puedan volver a tener un hogar”, indicaron.

Finalmente, las familias desplazadas confiaron en que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de México atenderán su petición con sensibilidad y responsabilidad, al considerar que el acceso a una vivienda representa una condición indispensable para reconstruir sus vidas después del desplazamiento provocado por la violencia.

La gobernadora Maru Campos y Kimberly Fields, presidenta y CEO de ATI, encabezaron el anuncio de una inversión por 80 millones de dólares para el establecimiento y operación de ATI Forged Products en la ciudad de Chihuahua.

El anuncio se realizó en el marco de la inauguración del Pabellón de México en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, en Inglaterra, donde participa una delegación chihuahuense. Al evento también asistió Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).

El proyecto contempla la creación de más de 230 empleos altamente especializados, dirigidos principalmente a técnicos e ingenieros, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de talento de alto valor agregado en el estado.

Durante el acto, la mandataria estatal reafirmó el apoyo de su gobierno al sector aeroespacial y sostuvo un diálogo con Fields sobre las oportunidades para reforzar la cadena de proveeduría local, impulsar a los proveedores chihuahuenses y aumentar la integración de empresas del estado en las operaciones globales de ATI.

“Desde aquí es conveniente enviar un mensaje de trabajo y de mucha colaboración para demostrar allá afuera quién es México”, afirmó Maru Campos, y destacó la importancia de eventos internacionales como Farnborough para promover las capacidades del país de manera unida.

Por su parte, Kimberly Fields reconoció el talento de la mano de obra chihuahuense y el respaldo que ha recibido de las autoridades estatales para expandir sus operaciones.

ATI es una empresa líder mundial en el desarrollo de materiales avanzados y procesos de manufactura especializados, con aplicaciones en las industrias aeroespacial, de defensa, energía, electrónica y médica.

Con esta nueva inversión, Chihuahua consolida su posición como uno de los principales clústeres aeroespaciales de México, al albergar cinco de los ocho fabricantes de equipo original (OEM) del país, cerca de 20 mil empleos directos en el sector y una red creciente de proveedores y centros de ingeniería.

Al acto asistieron, entre otros, René Espinosa, vicepresidente de Chihuahua City Invest; René Chavira, alcalde suplente de Chihuahua; Mario Enríquez, presidente del Clúster Aeroespacial de Chihuahua, y miembros de la delegación estatal.