La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, volvió a embestir contra el Gobierno Federal, al señalar que negocia con la aplicación de la ley y que protege al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Esa negociación es una de las causas por las que Toyota movió líneas de producción que estaban en Tijuana hacia los Estados Unidos, “porque se ha perdido la confianza”.
Agregó que lo que calificó de “pacto” entre el gobierno federal y el crimen organizado ha causado pérdida de confianza en el inversionista extranjero, lo que motivará la pérdida de empleos en todo el país.
“En México, hoy, la 4T negocia la ley”, dijo la gobernadora, quien cumple ya tres meses continuos de confrontación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con acusaciones de negociar con el crimen organizado y de aplicarle una persecución política por el tema de los agentes extranjeros que actuaron en Chihuahua.
La gobernadora chihuahuense calificó de muy grave el hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmara que no existen pruebas suficientes para procesar a Rocha Moya y enviarlo a Estados Unidos, cuyo gobierno ha solicitado su deportación.
Ese tratamiento del caso Rocha Moya ha puesto en riesgo la seguridad de los mexicanos, agregó.
“Ese es el pacto real de Morena con el crimen organizado”, exclamó la mandataria.
