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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández confirmó que intercambió mensajes por WhatsApp con el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier, quien la acusó de amenazarlo.

“Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado”, afirmó la ministra en una carta que hizo pública este jueves.

Indicó que hace la aclaración por respeto a quienes le han manifestado su apoyo y por respeto a sus pares y a su familia. “No quiero que mi silencio deje lugar a dudas”, expresó.

Sin embargo, la titular del Poder Judicial de la Federación expresó su indignación por las expresiones del legislador sobre “datos inexactos}” y contra la labor de quienes integran el Poder Judicial de la Federación.

“Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza”.

Piña Hernández aseguró que la “honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen”.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) calificó de “trascendente” el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que ratificó la facultad de dicho organismo para calificar, de manera preliminar y únicamente con fines de acceso a la información, la existencia de violaciones graves a derechos humanos, sin que ello implique invadir las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, el Máximo Tribunal determinó la validez de la resolución del Pleno del Inai, propuesta por la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, mediante la cual le ordenó a la CNDH proporcionar versión íntegra de un expediente relacionado con el hallazgo en 2010, de fosas clandestinas en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas, por tratarse de una investigación sobre violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

En contra de esa resolución, la CNDH promovió ante la SCJN una controversia constitucional, argumentando que el Inai se atribuyó incorrectamente competencias para determinar que la información solicitada versaba sobre hechos presuntamente relacionados con violaciones graves a derechos humanos, cuando esa facultad es solo de la Comisión Nacional.

Sin embargo, la Primera Sala consideró que, ante la negativa de la CNDH de otorgar la información, el Inai no solo es competente para conocer el recurso de revisión correspondiente, sino que tiene, entre sus facultades, establecer, preliminarmente o prima facie, si los hechos contenidos en la carpeta solicitada constituían violaciones graves a los derechos humanos con el objeto de otorgar acceso a su contenido.

El Máximo Tribunal concluyó que el Inai, al emitir dicha resolución, actuó dentro del marco constitucional de las atribuciones que tiene conferidas y no invadió de ninguna manera la esfera competencial de la CNDH, al haber calificado, para efectos de acceso a la información, que los hechos contenidos en el expediente solicitado involucraban violaciones graves a los derechos humanos y, por tanto, debía otorgarse acceso íntegro al documento.

“Las Comisionadas y el Comisionado del Inai consideran que este fallo de la SCJN da cuenta de la importancia de que el Pleno del Instituto pueda sesionar y seguir emitiendo resoluciones en favor de la sociedad, así como del carácter instrumental del derecho de acceso a la información para el ejercicio de otros derechos, como el de la verdad y la justicia”, declararon los Comisionados a través de un comunicado.

Agregaron que la determinación de la Corte “demuestra también que las facultades del Instituto establecidas en la Constitución mexicana son intransferibles e insustituibles, y que su función es primordial para conocer información que de otra forma permanecería oculta, en este caso, sobre los lamentables hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, relacionados con violaciones graves a derechos humanos”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al invalidar la primera parte de las reformas electorales conocidas como “Plan B”, ya que “con esto se logra sentar un precedente a favor de la legalidad y la democracia”.

“Esta decisión es una victoria a favor de México, ya que las reformas violaron el debido proceso legislativo y amenazaban la libertad de acceso a la información. Desde Acción Nacional nuestro compromiso está con la defensa del Estado de Derecho y aplaudimos que la Suprema Corte reitere su compromiso con la legalidad y la separación de poderes”, expresó el legislador panista.

Sobre la advertencia presidencial de promover una reforma en el Poder Judicial para que los ministros sean electos por voto popular, consideró que López Obrador “es un presidente encolerizado, porque no le han salido las últimas reformas”.

Chávez hizo un llamado al Gobierno Federal a respetar la independencia de poderes y la autonomía de la SCJN como garante del Estado de Derecho.

La votación arrojó mayoría de nueve votos a favor en el Pleno de la SCJN.

MEl pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó oficialmente al Senado de la República de la decisión del pleno de declarar inconstitucional la primera parte del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca eliminar atribuciones y desmantelar al INE.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, publicó en sus redes sociales el oficio donde la SCJN ordena informar al Senado de lo que el legislador calificó de “histórica” decisión del máximo tribunal.

“La SCJN ya nos notificó la decisión histórica de declarar inconstitucional la primera parte del Plan B”, expuso.

“Siempre confiamos en que la razón estaba de nuestro lado, hoy celebramos que así sea y que en México se haga valer la división de poderes”, agregó Castañeda.