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Tribunal electoral

A unas horas de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua haga una nueva asignación de constancias de mayoría de cinco magistrados y tres jueces electos el pasado 1 de junio, la presidenta de dicho organismo, Yanko Durán Prieto, defendió la distribución que se hizo inicialmente y que ahora se modificará a causa de un fallo del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

La sesión se realizará este miércoles 6 de agosto una nueva asignación de magistraturas y juzgados del Poder Judicial del Estado, luego de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) revocara cinco constancias previamente otorgadas, en cumplimiento de un fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Durán Prieto explicó que el Consejo General del organismo sesionará esta noche a las 19:30 horas para aprobar el acuerdo de reasignación y dar cumplimiento a la resolución judicial antes de que venza el plazo legal.

“Tenemos que dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Electoral. Deriva directamente de la resolución que emitió la Sala Superior y mañana sería el último día para hacerlo”, indicó la consejera presidenta en entrevista.

Paridad y cambios de última hora

El fallo obliga a revocar cinco nombramientos emitidos en julio pasado: dos en juzgados penales, dos en civiles y uno en materia familiar, para reasignarlos a cinco mujeres, en atención al principio de paridad de género.

Durán aclaró que el IEE no actuó por decisión propia, sino en cumplimiento de la legislación aplicable, que establece criterios paritarios para la integración del Poder Judicial, y recordó que las reglas fueron aprobadas incluso por el INE y confirmadas en su momento por instancias federales.

“Nosotros no asignamos porque se nos ocurrió. Hay una ley y una constitución. Se aprobaron boletas diferenciadas y criterios de paridad. Lo que está pasando es que ahora, ya en ejecución, las reglas están cambiando y eso tambalea el principio de certeza, que es uno de los más importantes en el sistema electoral”, expresó.

El proceso aún no está cerrado

La presidenta del IEE señaló que las personas afectadas por la reasignación aún pueden impugnar, por lo que la conformación final del Poder Judicial estatal podría definirse hasta el 31 de agosto, fecha límite que tienen la Sala Superior y la Sala Regional Guadalajara para resolver los recursos en curso.

“Como sucedió con las diputaciones plurinominales, que cambiaban hasta el último minuto, lo mismo puede ocurrir aquí. No sabremos definitivamente cómo quedará integrado el Poder Judicial hasta que se resuelvan todas las impugnaciones”, advirtió.

Costo e incertidumbre

Durán también lamentó que, pese a haberse invertido recursos públicos en boletas diferenciadas y papeletas con listas específicas, las reglas del juego se hayan modificado en pleno proceso.

“Imagínense, ya hicimos el gasto de las papeletas diferenciadas, de todo el proceso, y luego cambian las reglas. Nosotros estamos obligados a atender lo que resuelve el tribunal, pero eso también debe llamarnos a reflexionar sobre la necesidad de certeza en los procesos”, subrayó.

La diputada de Morena, América García, presentó una demanda de juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua.

Lo anterior, debido a que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) violentó sus derechos políticos en el proceso para la elección de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, desde el pasado 22 de agosto, cuando dictaminó a favor de la reelección de Adriana Terrazas Porras en el cargo. 

“A dicha sesión me fue imposible acudir para exponer mis razones y plan de trabajo a la presidencia, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Legislativo me impide el derecho a voz y voto, según lo dispuesto por los artículos 40 y 61 de la ley. No así, estuvo presente la Diputada presidenta en funciones”, señaló.

La legisladora consideró que se ejerció violencia política en su contra, debido a que el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua establece como plazo de funciones, un año de ejercicio constitucional, sin la posibilidad de reelección. 

La demanda de juicio fue fundamentada en su derecho a votar en dos vertientes; el de votar y ser votado; el derecho a ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público y condiciones generales de igualdad referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular o por designación. 

“Dado el interés personal en el asunto que existía al ser ella la presidenta en funciones del H. Congreso del Estado de Chihuahua, ella misma votó su posibilidad de reelección, en su calidad de secretaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, concluyó la diputada por Morena.

La Jucopo está integrada por José Alfredo Chávez Madrid, Adriana Terrazas Porras, Saúl Mireles Corral, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Leticia Ortega Máynez, Noel Chávez Velázquez, Édgar José Piñón Domínguez, Francisco Adrián Sánchez Villegas y Jael Argüelles Díaz.

La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que los legisladores Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Miguel Ángel Mancera podrán permanecer en su cargo para participar en el proceso del Frente Amplio por México.

La propuesta de ordenar la separación del cargo de los funcionarios públicos en los lineamientos emitidos por el INE fue rechazada con 5 votos en contra y dos a favor.

Al presentar su proyecto, afirmó que resulta evidente la incompatibilidad entre lo mandatado en la Constitución y desarrollado en la línea jurisprudencial de la Sala Superior, con la participación de las personas inscritas en los procesos políticos que están siendo regulados por los lineamientos.

“Las personas inscritas ejercen un rol protagónico en el desarrollo de estos procesos. Son quienes encabezan los actos, actividades y propaganda con la finalidad de ocupar los liderazgos políticos que se están construyendo en estos procesos”, apuntó.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) hacer un nuevo análisis de las giras de las “corcholatas” de Morena, que fueron denunciadas por supuestos actos anticipados de campaña.

En sesión no presencial, se revocó el acuerdo de la comisión, a fin de que realice un análisis individualizado con hechos y pruebas por cada persona involucrada.

El proyecto del magistrado Indalfer Infante fue aprobado con cinco votos a favor y dos en contra de los magistrados Felipe de la Mata y Janine Otálora.

Las giras y asambleas forman parte de un proceso interno en el que participan Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, para encabezar la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

El acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que en un principio negó medidas cautelares, fue impugnado por el coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez y el PAN.

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