Tribunal electoral

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integró la terna con tres aspirantes al cargo de Magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que será enviada al Senado de la República, donde se designará a la nueva Magistrada que ocupará el puesto que dejará en septiembre Gabriela Villafuerte Coello.

Este lunes comparecieron en sesión pública seis mujeres aspirantes al cargo de Magistrada, el objetivo fue evaluar los conocimientos de las candidatas en relación con las funciones de una Magistrada de Sala Regional Especializada del TEPJF.

Tras una votación secreta, los ministros seleccionaron a Nancy Correa Alfaro, Araceli Yhalí Cruz Valle, María Cecilia Guevara y Herrera.

Al concluir la evaluación de conocimientos, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, felicitó a las seis aspirantes por su presencia y comparecencia en el salón de plenos de la Corte.

“Es un claro ejemplo de que son mujeres exitosas, responsables y comprometidas con su función jurisdiccional y con nuestra sociedad, muchas felicidades a todas”, aseveró.

El 3 de julio, la Corte informó que, en atención al principio de paridad de género, el cual rige incluso en la designación de las personas titulares de las Magistraturas de las Salas del TEPJF, y al considerar que la única Magistratura ocupada por una mujer en dicha Sala Regional es la que quedará vacante, La Corte consideró que en el procedimiento respectivo concursen únicamente mujeres.

Las seis mujeres finalistas fueron elegidas en sesión pública, de entre una lista de 19 aspirantes que cubrieron los requisitos fijados en el Acuerdo 4/2023, del 29 de mayo del año, publicado el 31 del mismo mes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El procedimiento de selección inició con la publicación del referido acuerdo, que fijó el periodo del ocho al catorce de junio del año en curso, para recibir las postulaciones en la SCJN, acompañadas de la documentación correspondiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de hablar sobre el Plan C, así como retirar parcialmente las conferencias matutinas en las que se refiere al tema, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al menos cinco magistrados se pronunciaron a favor del proyecto de la magistrada Janine Otálora, en el que propone un revés a la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que había determinado no aplicar medidas cautelares contra el presidente.

La votación del proyecto se lleva a cabo en una sesión no presencial, y aún faltan por pronunciarse dos magistraturas para que se emita la sentencia. Sin embargo, con los cinco votos a favor se alcanza la aprobación del proyecto.

La magistrada propone que el titular del Ejecutivo proceda a eliminar o modificar las publicaciones que contiene los audiovisuales y versiones estenografías de las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo.

También se plantea que el presidente de la República “se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones como la denunciada, específicamente llamar a votar o no votar por determinados partidos políticos o movimientos electorales, así como expresiones equivalentes. Ni usar recursos públicos en propaganda con fines electorales”.

Modificar las 23 leyes en materia administrativa como lo plantea el Ejecutivo violentarán el orden jurídico nacional, son discrecionales, provocarán opacidad, atentan contra el medio ambiente y generarán un clima de incertidumbre jurídica, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

La iniciativa pretende que el gobierno unilateralmente decida cuando “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.

Por lo que, la Confederación pidió al Congreso de la Unión un “diálogo abierto, franco, serio y sin excusiones”, a través de un parlamento abierto con todos los involucrados.

Esa propuesta “violenta el orden jurídico nacional y atentan contra las empresas que participen en la construcción de obras con el Gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna”.

En segundo lugar, toda decisión unilateral es discrecional y ello “genera suspicacias, y evita que haya transparencia en los procesos”.

Se pretende modificar 23 leyes. La Concamin aseguró que dentro del planteamiento de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión para modificar 23 leyes en materia administrativa está el concentrar en “la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas”, de aprobarse, como está, se hará “a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad”.

Les preocupa también que se atentará contra el medio ambiente y los recursos naturales “al no ser necesarios” esos estudios de impacto ambiental para iniciar la construcción de una obra.

Por todo ello, la Concamin, dijo que “de ser aprobadas esas iniciativas en los términos que fueron presentadas, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y generaría un clima de incertidumbre jurídica”.

En el texto de las reformas se permite que la administración pública federal modifique contratos o las condiciones iniciales de una compra, incluso después de que se concretó la compra, de encontrarse que no se responde al interés general o si quebrantan las leyes en beneficio de interés privados.

La iniciativa que busca acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reforma los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución.

Entre los puntos más destacados, faculta expresamente al Poder Legislativo Federal para adoptar acciones afirmativas en materia electoral, y prohíbe al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y acciones afirmativas.

Establece que en caso de controversias sobre esos temas, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la autoridad encargada de resolver.

De igual forma, se busca vincular a los partidos políticos para establecer en sus respectivos documentos internos, las reglas para garantizar la paridad de género en la conformación de sus órganos partidistas. Es decir, que los partidos son los que fijarán la forma en la que cumplen con los preceptos constitucionales, mientras que el Tribunal ya no podrá pronunciarse y deberá respetar lo que digan los partidos en sus documentos básicos.

También prohíbe emitir sentencias en torno a decisiones de los órganos de la Cámara de Diputados sobre la integración del Congreso, es decir, que el Tribunal ya no podrá favorecer a minorías para que sean parte de la Comisión de la Permanente, como ocurrió recientemente con Movimiento Ciudadano.

¿Quién impulsó la reforma al TEPJF?

La reforma que busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, con la firma de 6 coordinadores parlamentarios.

La propuesta, que entre otras cosas plantea prohibir al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y de acciones afirmativas, fue firmada por Ignacio Mier (Morena), Carlos Puente (PVEM), Alberto Anaya (PT), Rubén Moreira (PRI), Jorge Romero (PAN) y Luis Espinoza Cházaro (PRD). Solo Jorge Álvarez Máynez, de MC, rechazó el proyecto.

La iniciativa ha sido ampliamente criticada porque presuntamente coarta los derechos de las mujeres y de otros grupos vulnerables. Hasta este momento, permanece atorada, pues aunque la mayoría de los líderes parlamentarios están de acuerdo, las diputadas federales se han manifestado en contra.

Para aprobar dicha reforma constitucional, se requieren al menos 333 de 500 votos, sin embargo, el sector femenino cuenta con 250 votos, motivo por el que el proyecto no pasaría sino se cumplen con las exigencias de las diputadas, quienes exigen que se elimine el apartado antes mencionado.