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La Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado exhortó a la Federación a revisar y replantear la estrategia de educación en el país, lo anterior, ante los resultados mostrados por la prueba PISA 2025 en los que se observa una disminución en matemática y lectura.

El exhorto va dirigido particularmente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que realice una evaluación integral de las políticas educativas de los últimos años y para que presente acciones concretas a desarrollar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y resarcir el rezago educativo en México.

En la exposición de motivos, el diputado del PAN Jaime Torres, promovente de la propuesta, recalcó que “la educación es un derecho humano y una responsabilidad fundamental del Estado mexicano”, por lo que no se trata únicamente de garantizar que los niños estén inscritos en una escuela, sino que se deben garantizar las condiciones para que aprendan y desarrollen las competencias indispensables para su vida académica, profesional y social.

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En el debate, el diputado de Morena Óscar Avitia coincidió en que la pandemia produjo una afectación en la educación de todos los países y en que ningún sistema educativo es perfecto, por lo que reconoció a los docentes por su trabajo. Subrayó a su vez lo establecido por PISA en donde refiere que las caídas que se registran en México corresponden al exceso que se tiene de las pantallas y el uso de las tecnologías, por lo que suscribió la propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de regular el uso de los celulares en las aulas.

Ante los señalamientos del panista Carlos Olson, en relación con los videos en redes sociales del titular de la SEP Mario Delgado, Avitia Arellanes acusó que criticar ese contenido sobre “farmear aura” es muestra del conservadurismo que mantiene el PAN y de lo alejados que están de los jóvenes.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Joceline Vega, cuestionó si el Gobierno federal tendrá la humildad para darse cuenta que el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana, incluida la modificación a los libros de texto gratuitos, no está dando los resultados que los mexicanos merecen. Recalcó que “la educación es la parte primordial para que las personas podamos salir adelante”, por lo que llamó a que se generen las modificaciones necesarias para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Congreso del Estado aprobó un dictamen por medio del cual pretenden se reforme la Ley General de Educación y la Ley General de Salud a fin de que se incorpore la salud mental como una materia en los planes y programas de estudio en los diferentes planteles.

Con esta aprobación, el dictamen será enviado al Congreso de la Unión para su debido análisis y aprobación, toda vez que corresponde a modificaciones en leyes federales.

El objetivo de esta propuesta versa en la importancia que perciben los diputados de reconocer de manera expresa, transversal y sistemática en las actividades educativas y de salud incluir la salud mental en el ámbito educativo para poder salvaguardar a los estudiantes y otorgarles las herramientas suficientes para que puedan manejar sus emociones.

En la exposición de motivos se subraya la estimación que se tiene en México en donde 3 de cada 10 personas han padecido algún trastorno mental, de los cuales más del 60 por ciento no reciben tratamiento especializado.

“La salud mental es un proceso dinámico que se transforma a lo largo de la vida. Por ello, los Gobiernos tienen la responsabilidad de aprovechar la información disponible sobre factores de riesgo y de protección para desarrollar estrategias que prevengan los trastornos mentales y fortalezcan el bienestar psicológico en cada etapa del ciclo vital”, se indicó.

Logrando homologar cuatro iniciativas, el Congreso del Estado aprobó incorporar el delito de acecho al Código Penal del Estado a fin de brindar herramientas legales que permitan prevenir, atender y sancionar conductas de vigilancia, persecución o contacto reiterado que atenten contra la seguridad y tranquilidad de las personas.

En el dictamen se precisa que el acecho puede presentarse de forma física o a través de las tecnologías de la información y comunicación, cuando una persona, sin consentimiento de la víctima, la vigile, persiga, establezca o busque contacto de manera reiterada, sistemática o continua, con la intención de controlarla, intimidarla o coaccionarla.

Las penas contempladas para quienes cometan este delito serán de uno a tres años de prisión y de 70 a 300 días de multa, aumentando en una tercera parte cuando la víctima sea niña, niño o adolescente; cuando exista o haya existido un vinculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil entre el activo y la víctima.

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También cuando exista o haya existido una relación laboral, docente, de confianza o alguna que evidencia el abuso de poder entre el agresor y la víctima; y cuando el activo desobedezca una orden de protección en favor de la víctima.

La Comisión de Feminicidios señaló que la incorporación de esta figura responde a la necesidad de contar con mecanismos jurídicos que permitan actuar de manera preventiva ante conductas que pueden escalar hacia formas más graves de violencia, incluida la violencia física, sexual y el feminicidio.

Con esta reforma, se busca reconocer y atender una conducta que puede presentarse en distintos ámbitos, como el escolar, laboral, familiar, de pareja o expareja, así como mediante medios digitales, fortaleciendo las herramientas institucionales para la protección de las víctimas.

“La confianza en las instituciones a nivel nacional está por los suelos. El hecho de que no exista confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones lo dice todo”, manifestó la diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, en relación a la situación que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de la titular de la Secretaría Ejecutiva, Claudia “Cata” Espino.

Reprochó también que, en lugar de trabajar para fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia estos organismos se continúen desmantelando.

La legisladora comentó que en este tipo de renuncias siempre existe un trasfondo que debe ser estudiado y más cuando hoy dio inicio formalmente el proceso electoral 2026 – 2027.

“Tenemos que prestar atención a la lectura que se da entre líneas de lo que ocurre a nivel nacional”, señaló.

Aprovechó para reiterar el llamado hacia los actores políticos a que respeten los tiempos electorales recordando que hay muchas prioridades en las ciudades que se deben trabajar antes de publicitarse personalmente a través de espectaculares.

“Es momento de enfocarnos. Y a las y los ciudadanos el mensaje que yo les puedo dar es que revisemos bien y conozcamos bien a las y los candidatos que estén encabezados en ocupar espacios públicos, porque es muy importante que nos representen los verdaderos intereses de la ciudadanía”, declaró.

Aunado a esto, la emecista externó su preocupación ante un posible fraude electoral por boletas planchadas toda vez que el INE sigue validando esos votos, pese a que insistió que las urnas obligan a que las papeletas se doblen para introducirlas en las urnas.

“Estamos viviendo tiempos en donde cada día nos llevamos una sorpresa peor que la del día anterior. Lo vimos en la elección judicial, fue a modo, fue a gusto del oficialismo y estamos viviendo consecuencias de ello”, concluyó.