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CAMARGO, Chih.- Por intentar privar de la vida a su expareja sentimental y su acompañante, una mujer fue vinculada a proceso en Camargo, dio a conocer la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 23:00 horas del día 3 de junio de 2025, cuando la imputada identificada como María de Lourdes C. V., se presentó a la casa de su expareja sentimental gritando y amenazándolo con privarlo de la vida, se indicó.

Tras el altercado, María de Lourdes se retiró y posteriormente regresó con un bote lleno de gasolina con el que roció la propiedad, al afectado y a su acompañante, para luego prenderles fuego y huir del lugar, añade el reporte oficial.

Informes médicos indican que la procesada provocó lesiones que pusieron en riesgo la vida de las víctimas, por lo que el día de ayer, un juez de Control del Distrito Judicial Camargo le dictó auto de vinculación a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, dentro de la resolución judicial estableció un plazo de dos meses para que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones complementarias, refiere el comunicado.

Se supone que habría una fiesta dominguera en la calle 2 de abril y Séptima, de Ciudad Camargo, al menos así decía el permiso que tramitaron ante la Dirección de Gobernación de ese municipio.

Sin embargo, lo que la policía camarguense encontró en aquel lugar no tenía ni música, ni comida ni festejos, sino un centro de operación electoral a propósito de los comicios de este domingo para elegir jueces, ministros y magistrados.

El centro de festejos “Royal”, ubicado en la Calles 2 de abril y Séptima se convirtió en una

operación realizada por la Secretaría del Ayuntamiento de Camargo, según reportan medios de la localidad.

Todo empezó cuando se recibió una llamada al 911, en la que un denunciante anónimo puso en conocimiento a las autoridades municipales que había una operación en aquel lugar que nada tenía de parecido a una fiesta, como lo constataron inspectores de Gobernación Municipal.

Según reportes de medios de aquella ciudad, la Policía Municipal detuvo a diez personas presuntamente responsables de un delito electoral, pues hacían desde ahí llamadas para invitar a votar por determinados candidatos a cargos judiciales.

La autoridad municipal de Camargo no reveló para cuál candidato promovían el voto.

El alcalde de Camargo, Jorge Alejandro Aldana Aguilar, reviró las acusaciones que le hicieron los trabajadores del departamento de limpia recientemente despedidos, al señalar que son ellos los que tenían privilegios y sueldos más elevados que los de otros empleados del municipio.

Mencionó que había algunos que ganaban más de 30 mil pesos al mes, o que otros recibían más de 20 mil pesos.

También pedían otro tipo de “premios”, como boleos para la feria y recibían hasta 50 días de aguinaldo, afirmó.

“Su contrato colectivo que es muy dañino para la sociedad camarguense”, afirmó Aldana, quien agregó que la lista de 116 empleados de ese departamento estaba llena de familiares.

De visita en Chihuahua, el edil camarguense negó categóricamente que la empresa Grupo SANRU S.A de C.V., que recibirá la concesión para prestar el servicio de limpia en ese municipio, sea propiedad del exdiputado Luis Aguilar, quien además es su primo hermano.

Del proceso para asignarle el contrato a dicha empresa, dijo que se hizo con absoluta transparencia, mediante un proceso de licitación de alcance nacional.

Asimismo, negó que el costo del servicio de limpia sea de 800 mil pesos al año, como lo señalaron los trabajadores despedidos, aunque tampoco supo decir cuánto se gasta en ese concepto.

De una posible reinstalación de los extrabajadores de limpia, advirtió que no la habrá.

Trabajadores de Limpia de Camargo denunciaron que la administración de Jorge Aldana Aguilar ha recurrido a todo para separarlos de sus cargos, con tal de entregar en concesión ese servicio a una empresa privada que es propiedad de un exfuncionario del Gobierno municipal.

En conferencia de prensa celebrada en el local del grupo parlamentario de Morena del Congreso del Estado, Ernesto Leyva y Eduardo Talamantes, dos de los trabajadores cesados, denunciaron que se pretende dar un contrato a la empresa Grupo Sanru S.A de C.V. por 2.7 millones de pesos al año por dar un servicio que actualmente le cuesta al municipio solo 800 mil pesos.

Al frente de ese grupo aparece Carlos Holguín, quien fue director de Servicios Municipales en el primer período de Aldana Aguilar como alcalde de Camargo.

Acompañados del coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, los sindicalistas detallaron que estallaron en huelga desde el 10 de febrero, en demanda de que se les reinstale y que se les paguen los salarios que les han dejado de pagar desde enero pasado.

Asimismo, exigieron que terminen los actos de represión en su contra, ya que –afirmaron– se les ha golpeado, acosado y suspendido su derecho a recibir servicios de salud a mujeres embarazadas que pertenecen a su sindicato.

Del grupo Sanru, mencionaron que hasta hace muy poco, la empresa tenía un giro totalmente distinto al de la recolección de residuos sólidos. Agregaron que, cuando el Municipio convocó a licitación para entregar la concesión del servicio de limpia, solo se presentó ese grupo a contender por el contrato.

Al respecto, el diputado Estrada Sotelo, quien además es abogado laboralista, advirtió que el Gobierno municipal de Camargo enfrenta un grave riesgo: el de ser sentenciado a pagar liquidación y salarios caídos de los trabajadores por todo el tiempo que dure el litigio en los juzgados.

De ser así, le habrán heredado un grave pasivo a las próximas administraciones, porque serán estas las que tengan qué pagar las liquidaciones y sueldos caídos, que serán por sumas mucho más elevadas que las que cubrirían en este año.